La Fiscalía Europea (EPPO) ha ordenado la detención del bodeguero de Fermoselle, José Luis Pascual, director de la AECT Duero-Douro, que ha quedado en libertad, y su pareja, esta última vinculada a funciones públicas, en el marco de una investigación por un presunto fraude de 3,3 millones de euros relacionado con fondos de la Unión Europea destinados al fomento del empleo.
Según las pesquisas, ambos habrían participado en un entramado que permitió desviar ayudas públicas durante más de una década, y parte de esos fondos se habría destinado a inversiones privadas, entre ellas la adquisición y puesta en marcha de una bodega en Fermoselle.
La investigación —desarrollada con el apoyo de la Guardia Civil de Salamanca, el Servicio de Aduanas en Zamora, Salamanca y Valladolid, y la Agencia Estatal de Administración Tributaria— apunta a delitos de fraude de subvenciones y blanqueo de capitales cometidos a lo largo de 15 años.
La EPPO sostiene que el principal investigado habría creado una red de empresas para canalizar el desvío de fondos mediante la emisión de facturas falsas por operaciones ficticias. Entre estas estructuras figuraría una entidad dedicada aparentemente a la cooperación transfronteriza en más de 100 localidades de España y Portugal, que habría servido como instrumento para justificar subvenciones.
Asimismo, el sospechoso habría utilizado cuentas bancarias en Portugal, bajo el control de distintas sociedades, con el objetivo de ocultar los beneficios obtenidos.
Durante la operación se practicaron cinco registros en domicilios y sedes empresariales en las provincias de Zamora y Salamanca. Además, se han intervenido más de una docena de cuentas bancarias, con un saldo superior a 550.000 euros, y se han adoptado medidas cautelares sobre más de 40 inmuebles, tanto urbanos como rústicos.
Uno de los detenidos presidía tres asociaciones sin ánimo de lucro que habrían recibido más de 20 subvenciones procedentes del Fondo Social Europeo y del FEADER entre 2010 y 2025. Estas ayudas, destinadas a fomentar el empleo y fijar población en el medio rural, habrían sido solicitadas de forma reiterada para distintas entidades vinculadas.
La investigación también revela que parte de los trabajadores contratados con cargo a estos fondos eran familiares del principal investigado, que en realidad desarrollaban tareas vinculadas a sus intereses empresariales, especialmente en la promoción de su actividad vinícola.
La implicación de su pareja, según la Fiscalía Europea, habría sido clave para facilitar la obtención de subvenciones, aprovechando su posición en la administración pública.
El caso continúa bajo investigación y no se descartan nuevas actuaciones en el marco de una operación que pone el foco en el uso fraudulento de fondos europeos en zonas rurales.
