Cinco personas investigadas por levantar viviendas ilegales en suelo protegido en la provincia de Zamora

Los cinco investigados han sido puestos a disposición judicial
Imagen GUARDIA CIVIL. Cinco personas investigadas por levantar viviendas ilegales en suelo protegido en la provincia de Zamora
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La Guardia Civil ha abierto diligencias contra cinco personas por levantar dos edificaciones residenciales en terrenos rústicos con protección especial sin contar con las autorizaciones administrativas necesarias. Las actuaciones se enmarcan dentro del plan de vigilancia ambiental y urbanística que mantiene el SEPRONA en la provincia de Zamora.

La primera de las intervenciones tuvo lugar en un municipio cercano a Benavente, donde los agentes detectaron la construcción de una vivienda unifamiliar en un terreno clasificado como suelo rústico con protección natural. Además, la parcela se encuentra dentro de una zona de riesgo por inundaciones, lo que refuerza las restricciones impuestas por la normativa urbanística. A pesar de que el Ayuntamiento había ordenado el cese inmediato de las obras, los promotores continuaron con la edificación, desobedeciendo el requerimiento. Tres personas han sido investigadas en relación con este caso.

La segunda operación se desarrolló en las inmediaciones de la capital zamorana. En este caso, la Guardia Civil localizó la ejecución de una vivienda y una piscina en un terreno catalogado como suelo rústico con protección de infraestructuras. Las obras se llevaban a cabo sin licencia urbanística municipal y vulneraban las Normas Urbanísticas Municipales (NUM), así como el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Los dos responsables de la finca han sido también puestos bajo investigación.

Ambas construcciones no cumplen los requisitos para obtener una autorización legal en ningún supuesto contemplado por la legislación vigente. Por ello, los hechos podrían constituir delitos urbanísticos tipificados en el artículo 319 del Código Penal, con penas que podrían oscilar entre un año y medio y cuatro años de prisión, además de multas económicas de entre doce y veinticuatro meses.

Los cinco investigados han sido puestos a disposición judicial mientras prosigue la tramitación del procedimiento. La Guardia Civil subraya que estas actuaciones forman parte del compromiso del SEPRONA con la protección del entorno natural y el desarrollo urbanístico legal y sostenible en la provincia.

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