Un zamorano investigado por el fraude millonario de los cobros de la PAC entre una treintena de posibles implicados
El fraude millonario relacionado con las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) que está investigando la Guardia Civil deja un total de 30 personas investigadas, de las cuales 29 son de Castilla y León y una en Cantabria. La denominada operación "Pacquiao" ha ampliado las pesquisas identificando a nuevos posibles implicados, entre los que se encuentra una persona física de la provincia de Zamora.
Así lo ha confirmado este jueves la Delegada del Gobierno de Castilla y León, Virginia Barcones, que ha adelantado la nueva información disponible al respecto. 13 de los investigados son personas físicas y las 16 restantes son jurídicas. La relación de los implicados en la región deja tres personas físicas investigadas y dos jurídicas en Ávila, si bien la trama también se investiga en Segovia con tres personas jurídicas investigadas, Palencia (8 jurídicas), Salamanca (una persona física y otra jurídica) y Valladolid, como la más afectada con ocho personas físicas presuntamente implicadas y dos jurídicas.
Los investigados se enfrentan a varios delitos de fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa.
Las investigaciones comenzaron en junio de 2022, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una trama que estaría falseando las condiciones necesarias para la obtención ilícita de una serie de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), presuntamente en connivencia con personal de la administración perteneciente a la Junta de Castilla y León, concretamente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Los ganaderos investigados solicitaban la ayuda de la PAC simulando la realización de este pastoreo en diferentes territorios ubicados en la provincia de Palencia. Los referidos ganaderos poseían explotaciones de ganado vacuno intensivas, cuya finalidad era el engorde de los animales en el menor tiempo posible, por lo que estos animales nunca llegaban a pastar en las tierras objeto de la ayuda.
Los ganaderos implicados recibían una cantidad anual, ilícita, que rondaba los 45.000 euros por ganadero, por simular pastar en unos terrenos cuando, realmente, el ganado nunca salía de las explotaciones intensivas.
Se ha podido demostrar además, que los pastos por los que se recibían las ayudas de la PAC, eran reasignados de manera ilícita a ganaderos del sur de España, los cuales poseían ganado de abasto que trasladaban a los citados pastos para realizar la trashumancia. De esta manera se obtenía un doble beneficio ilícito.
Este fraude estaba encabezado por el Jefe de la Sección Agraria Comarcal (SAC), que era el encargado, en primera persona, de la validación y gestión de los diferentes expedientes fraudulentos y desoía las advertencias de los técnicos de su administración.
Además, el Presidente de la Junta Vecinal, hermano del Jefe de la SAC, emitía certificados de uso de pastos fraudulentos (documento oficial obligatorio de cara a la solicitud de las ayudas).
El fraude rondaría el millón de euros y como resultado de una investigación patrimonial se ha elaborado un inventario judicial conformado por 96 propiedades e inmuebles.