La plataforma Zamora en Pie ha vuelto a cargar contra la Junta de Castilla y León por la situación de las obras de la planta de biogás de Peleas de Abajo, al asegurar que los trabajos continúan ejecutándose pese a contravenir uno de los condicionantes impuestos por la propia Administración autonómica.
En un comunicado, la organización cuestiona directamente la actuación del delegado territorial después de que este anunciara públicamente la paralización de las obras. "¿Miente o no se entera de nada?", se pregunta la plataforma, que sostiene que la actividad en la planta no se ha detenido.
Según Zamora en Pie, han sido nuevamente los vecinos quienes han detectado la continuidad de los trabajos. La plataforma explica que varios residentes comprobaron este jueves la presencia de maquinaria trabajando en las instalaciones y volvieron a dar aviso al SEPRONA, al considerar que se estaban produciendo nuevos incumplimientos.
La organización recuerda que la empresa promotora ya fue sancionada anteriormente por iniciar las obras sin cumplir los requisitos exigidos y considera que la continuidad de los trabajos demuestra una actitud de desafío hacia las resoluciones de la Junta. En este sentido, plantea la pregunta de si "San Gregorio está por encima de la Junta de Castilla y León", al entender que la empresa continúa actuando sin respetar las condiciones impuestas por la Administración.
Asimismo, Zamora en Pie asegura que durante la jornada se realizaron trabajos de soldadura y corte de metal junto a una zona arbolada, unas labores que, según denuncia, resultarían incompatibles con las restricciones vigentes por el alto riesgo de incendios. Por este motivo, además de las denuncias presentadas ante el SEPRONA, la plataforma ha anunciado que también llevará los hechos ante la Inspección de Trabajo.
La organización reclama una actuación inmediata de la Junta de Castilla y León frente a la empresa promotora y exige explicaciones sobre los motivos por los que, según sostiene, las obras continúan desarrollándose pese a la prohibición que asegura existe sobre ellas.
Además, Zamora en Pie ha convocado para este sábado una marcha reivindicativa entre Santa Clara de Avedillo y la planta de biogás de Peleas de Abajo. La salida tendrá lugar a las 9:30 horas desde Santa Clara de Avedillo y recorrerá aproximadamente tres kilómetros hasta las instalaciones, con el objetivo de denunciar públicamente los incumplimientos legales que la plataforma atribuye al proyecto.
El colectivo asegura que este jueves seguía trabajando maquinaria en las instalaciones y anuncia una denuncia ante la Inspección de Trabajo por la realización de soldaduras y cortes de metal durante la alerta por riesgo de incendios
La polémica por la planta de biogás de Peleas de Abajo vuelve a elevar su temperatura. Zamora en Pie denuncia que las obras promovidas por Norton Dos Ibérica, empresa vinculada al grupo San Gregorio, habrían continuado este jueves 30 de julio pese a que la Junta de Castilla y León había comunicado la paralización de los trabajos y la apertura de un nuevo expediente sancionador.
El colectivo afirma que varios vecinos se desplazaron hasta las instalaciones durante la mañana y comprobaron que las máquinas seguían funcionando. La denuncia adquiere una gravedad añadida porque, según Zamora en Pie, en la zona se estaban realizando trabajos de soldadura y corte de metal a escasa distancia de terreno arbolado, en plena situación de alerta autonómica por riesgo meteorológico de incendios forestales.
Las acusaciones proceden de la plataforma y deberán ser comprobadas por las administraciones competentes. Zamora News no dispone, por el momento, de una versión pública de la empresa sobre lo ocurrido durante la mañana del jueves.
Una segunda intervención del Seprona
No es la primera vez que el proyecto queda rodeado por denuncias y expedientes.
El pasado 17 de julio, Zamora en Pie aseguró que el Seprona había vuelto a paralizar las obras después de recibir un aviso de vecinos. La plataforma sostenía entonces que los trabajos se habían reanudado sin respetar las condiciones ambientales vinculadas al periodo de nidificación de la avutarda.
Posteriormente, el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, confirmó la apertura de un expediente tras la actuación del Seprona. Según explicó, el Servicio Territorial de Medio Ambiente debía valorar la infracción detectada y tramitar, en su caso, el correspondiente procedimiento sancionador.
Zamora en Pie considera insuficiente que la Administración se limite ahora a “estudiar” una posible sanción y exige saber por qué los trabajos habrían continuado si realmente existía una orden efectiva de paralización.
Una primera obra sin autorización y una sanción de 21.000 euros
El proyecto ya cuenta con un antecedente sancionador.
La promotora inició inicialmente trabajos sin disponer de la autorización ambiental necesaria. La Junta abrió entonces un expediente por una posible infracción grave cuya sanción podía oscilar entre 24.001 y 240.000 euros. La multa terminó siendo de aproximadamente 21.000 euros y no se obligó a devolver los terrenos a su estado original.
Más tarde, la planta recibió un informe ambiental favorable dentro de una nueva tramitación. La Junta consideró que las primeras actuaciones no habían provocado daños significativos que justificaran la restitución del terreno.
Para los colectivos contrarios al proyecto, aquella resolución transmitió un mensaje peligroso: comenzar unas obras sin todos los permisos podía terminar saliendo más barato que esperar a completar legalmente los trámites.
Trabajos con riesgo de chispas en plena alerta por incendios
La denuncia vecinal se produce, además, en uno de los momentos más delicados del verano.
Castilla y León se encontraba entre los días 28 y 31 de julio en situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales. La época de peligro alto se extiende, al menos, entre el 12 de junio y el 12 de octubre, y las restricciones pueden afectar al uso de maquinaria capaz de generar fuego, deflagraciones o chispas en terrenos forestales y en sus proximidades.
Zamora en Pie asegura que en la planta se realizaban soldaduras y cortes de metal cerca de una zona arbolada. El colectivo anuncia que trasladará los hechos a la Inspección de Trabajo y reclama que se determine si esas tareas contaban con autorización, medidas preventivas y condiciones de seguridad suficientes.
La plataforma sitúa el caso en un contexto especialmente sensible: mientras Sayago combate uno de los incendios más graves sufridos por la provincia, cualquier actividad susceptible de producir chispas exige la máxima vigilancia.
¿Paralizadas sobre el papel y activas sobre el terreno?
La pregunta principal es sencilla: ¿estaban las obras verdaderamente paralizadas?
Zamora en Pie sostiene que no. Según su versión, la maquinaria continuaba trabajando este jueves con aparente normalidad.
La Junta deberá aclarar ahora si existía una orden formal de suspensión, cuándo fue notificada a la empresa, qué trabajos afectaba y si se comprobó físicamente su cumplimiento.
También deberá determinarse si las actuaciones observadas por los vecinos eran obras vinculadas directamente al proyecto, trabajos de seguridad o mantenimiento, o labores expresamente autorizadas. Sin esa comprobación, no puede afirmarse de manera concluyente que hubiera un incumplimiento, pero la denuncia requiere una respuesta rápida y documentada.
No basta con anunciar una paralización. Una orden administrativa solo tiene valor cuando se notifica, se vigila y se hace cumplir.
Las preguntas que deberá responder la Junta
Zamora en Pie interpela directamente al delegado territorial y plantea si sus declaraciones se realizaron sin comprobar previamente la realidad de los trabajos.
El colectivo quiere saber por qué una empresa que ya fue sancionada por iniciar las obras sin autorización vuelve a estar bajo investigación por actuaciones supuestamente irregulares.
También cuestiona si la sanción anterior tuvo algún verdadero efecto disuasorio y si la promotora actúa con la sensación de encontrarse por encima de la Administración autonómica.
Son preguntas duras, pero legítimas ante unos antecedentes administrativos comprobados y una nueva intervención del Seprona.
La respuesta no puede limitarse a comunicar que se “estudiará” otra sanción. La ciudadanía necesita saber qué ocurrió, quién permitió continuar, qué inspecciones se realizaron y qué medidas concretas se adoptarán si se confirma el incumplimiento.
La ley debe valer igual para todos
La discusión sobre el biogás no puede reducirse a estar a favor o en contra de este modelo energético.
Aquí se debate algo anterior: el cumplimiento de las normas.
Una planta podrá considerarse necesaria, rentable o ambientalmente sostenible, pero ninguna de esas valoraciones permite iniciar o continuar trabajos al margen de las autorizaciones y condiciones impuestas.
Tampoco resultaría aceptable que unos vecinos tengan que cumplir hasta el último requisito mientras una gran promotora acumula expedientes y continúa avanzando mediante sanciones asumibles dentro del coste global del proyecto.
Si la Junta confirma que las obras seguían activas pese a estar suspendidas, deberá actuar con firmeza. Si las actuaciones eran legales y estaban autorizadas, tendrá que explicarlo con la misma claridad.
Lo que ya no sirve es la ambigüedad.
Peleas de Abajo necesita respuestas, no declaraciones contradictorias. Y la Administración autonómica tiene la obligación de demostrar que ninguna empresa está por encima de la ley.
