El secretario del Ayuntamiento de Cobreros se niega a celebrar el Pleno solicitado por los concejales del PP
En una situación sin precedentes en el municipio de Cobreros, el secretario de la corporación, Alberto Miranda Fernández, se ha negado a celebrar el Pleno Extraordinario solicitado por los dos concejales del Grupo Popular. Esta decisión ha desatado una controversia política y legal en la localidad.
El pasado viernes 9 de febrero, los concejales del Grupo Popular presentaron una solicitud para la convocatoria de un Pleno Extraordinario al Ayuntamiento de Cobreros, incluyendo en el orden del día temas cruciales como la aprobación de un plan de actuación para los consultorios médicos, entre otros asuntos de interés público.
Sin embargo, el alcalde de Cobreros, del partido político "FUTURO", no procedió a convocar el pleno en el plazo establecido por la ley local, que finalizaba el viernes 1 de marzo. En lugar de ello, el lunes 4 de marzo se llevó a cabo un pleno convocado únicamente con un punto en el orden del día, y en circunstancias que generaron dudas sobre su legalidad.
El secretario de la corporación, en una sorprendente declaración durante el pleno, afirmó que este había sido convocado a solicitud de los concejales del Grupo Popular, algo que fue desmentido por estos últimos, quienes señalaron que en ningún documento oficial se mencionaba su solicitud ni el orden del día propuesto.
Ante la falta de acción por parte del alcalde y del secretario, la ley de bases del régimen local establece que el pleno queda automáticamente convocado para el décimo día hábil posterior al vencimiento del plazo, es decir, para el día 15 de marzo a las 12:00 horas.
En el día señalado, los dos concejales del Grupo Popular acudieron al Ayuntamiento para celebrar el pleno, tal como lo establece la ley. Sin embargo, se encontraron con la negativa del secretario de la corporación a llevar a cabo la sesión.
Esta situación llevó a la intervención de la Guardia Civil, cuyos agentes tomaron declaración a los concejales y al secretario con el objetivo de elaborar un informe que se presentará ante el Juzgado en caso necesario.
El Grupo Popular, denuncia este acto como ilegal, arbitrario y un abuso de poder, potencialmente constitutivo de delitos de falsedad en documento público y prevaricación. Además, se señala la preocupación por la falta de voluntad política para abordar temas importantes, como el plan de actuación para los consultorios médicos, en detrimento de los intereses de la comunidad.