Los pueblos pequeños de Zamora ganan capacidad de respuesta ante paradas cardíacas
La Diputación de Zamora ha aprobado provisionalmente la concesión de subvenciones para la dotación de 71 desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) en municipios de menos de 2.000 habitantes de la provincia. La iniciativa cuenta con una inversión total de 145.875,18 euros y tiene como objetivo mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias cardiovasculares en el medio rural.
La actuación se financia a través de una subvención concedida por la Junta de Castilla y León a la institución provincial por importe de 184.000 euros, destinada específicamente a ampliar la red de desfibriladores en localidades que carecen de estos dispositivos.
Según la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, la convocatoria recibió un total de 77 solicitudes, de las que finalmente fueron admitidas 71 tras comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Seis municipios quedaron excluidos al disponer ya de un desfibrilador operativo registrado oficialmente: Santibáñez de Vidriales, Villanueva de Campeán, Morales de Rey, Coomonte, Moreruela de Tábara y San Cristóbal de Entreviñas.
Cada ayuntamiento beneficiario recibirá un desfibrilador valorado en 2.054,58 euros, incluyendo tanto el suministro como la instalación y la formación inicial necesaria para su utilización. El contrato ha sido adjudicado a la empresa Almas Industries BSafe SLU.
Entre los municipios beneficiarios figuran localidades como Moraleja del Vino, Villalpando, Puebla de Sanabria, Alcañices, Coreses, Santa Cristina de la Polvorosa, Corrales del Vino, Tábara, El Perdigón, Fariza, Carbajales de Alba, Villalcampo, Torregamones, Alfaraz de Sayago, Gamones, Argañín y Vegalatrave, entre otros.
La Diputación destaca que la finalidad del programa es mejorar las condiciones de respuesta temprana ante accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares, especialmente en zonas rurales donde los tiempos de llegada de los servicios sanitarios pueden ser mayores. La medida busca contribuir a la reducción de la mortalidad asociada a este tipo de emergencias mediante la disponibilidad de equipos accesibles en edificios públicos de máxima afluencia.
La institución provincial financiará el cien por cien del coste inicial de adquisición, instalación y formación, mientras que los ayuntamientos deberán asumir posteriormente los gastos de mantenimiento de los equipos y la actualización de la formación de los usuarios autorizados.
La resolución tiene carácter provisional y permanecerá expuesta durante diez días hábiles para la presentación de posibles alegaciones antes de su aprobación definitiva.