La Diputación de Zamora ha formalizado el contrato para la puesta en marcha del servicio de Oficina Financiera Móvil en la provincia, un proyecto destinado a mejorar el acceso a servicios bancarios en el medio rural. La adjudicación ha recaído en Caja Rural de Zamora, que será la encargada de gestionar este servicio durante los próximos cuatro años.
El acto de firma ha contado con la participación del vicepresidente cuarto de la Diputación, Javier Faúndez, y del representante de la entidad adjudicataria, así como del vicepresidente segundo y diputado de Política Social y Familia, Ramiro Silva Monterrubio.
Durante su intervención, Faúndez destacó la importancia de esta iniciativa para dar respuesta a una necesidad histórica en la provincia: la falta de servicios financieros en numerosas localidades rurales. Según explicó, hasta 173 ayuntamientos carecían de acceso adecuado a servicios bancarios, una situación especialmente problemática en una provincia con una población envejecida.
El proyecto comenzó a gestarse en 2025, tras un proceso de análisis en colaboración con los ayuntamientos para identificar las zonas más afectadas. Finalmente, la Diputación licitó el servicio por un importe inicial de 1,46 millones de euros, adjudicándose por 1,32 millones para un periodo de cuatro años, lo que supone unos 330.000 euros anuales.
El servicio se prestará mediante dos oficinas móviles —furgones equipados con cajero automático y atención personalizada— que recorrerán distintas rutas por la provincia. Estas unidades ofrecerán servicios como retirada de efectivo, consultas de saldo, transferencias, apertura de cuentas, pago de impuestos y contratación de productos financieros, entre otros.
El director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, subrayó el compromiso de la entidad con el territorio y aseguró que el objetivo es replicar, en la medida de lo posible, los servicios de una oficina tradicional, garantizando cercanía y calidad en la atención.
Las rutas se diseñarán en coordinación con la Diputación y está previsto que cada localidad reciba el servicio al menos una vez al mes. Además, se llevará a cabo una campaña informativa en medios locales para dar a conocer el funcionamiento de la iniciativa.
Tras la firma protocolaria, el contrato deberá ser ratificado en el pleno del próximo 8 de mayo. A partir de ese momento, la entidad dispondrá de un plazo de cinco meses para preparar el despliegue del servicio, con la previsión de que las oficinas móviles comiencen a operar el 1 de septiembre.
