La batalla por el AVE en Sanabria llega a Madrid
La lucha por el mantenimiento de las paradas del AVE en la estación de Otero de Sanabria ha cruzado una nueva frontera: la judicial. Tras el rechazo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Zamora a tramitar la denuncia presentada contra altos cargos de RENFE, ADIF, el Ministerio de Transportes y el alcalde de Vigo, el caso ha sido trasladado a los juzgados de Madrid y a la Audiencia Nacional.
La decisión del juzgado zamorano, que alega falta de competencia territorial para pronunciarse, ha sido interpretada por los colectivos denunciantes como un nuevo obstáculo en su defensa de los servicios públicos en el medio rural. En su auto, el juzgado argumenta que los hechos denunciados no ocurrieron en Zamora y que los acusados no tienen sede ni residencia en la provincia, por lo que el caso debe ser instruido en Madrid, lugar en el que presuntamente se dictaron las resoluciones impugnadas.
Lejos de rendirse, las organizaciones promotoras de la denuncia –la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Viriatos de Zamora, AGRYGALZA y Terra SOS-tenible– han anunciado la presentación inmediata de su denuncia en los Juzgados de Instrucción de Madrid y en la Audiencia Nacional, por considerar que los hechos trascienden el ámbito provincial y afectan directamente al interés general.
La denuncia tiene como eje la supresión, desde el 9 de junio de 2025, de varias paradas del AVE Madrid-Galicia en la estación de Otero de Sanabria, decisión que, según los denunciantes, se adoptó sin seguir procedimiento administrativo alguno, sin justificación técnica y sin declaración de interés público, a pesar de que se trata de una línea ferroviaria catalogada como Obligación de Servicio Público (OSP).
Las organizaciones alegan posibles delitos de prevaricación administrativa (art. 404 del Código Penal) y abandono de servicio público (art. 409 CP). Además, sostienen que la medida podría responder a intereses políticos o territoriales ajenos al bien común, y recuerdan que el Estado ya asume el coste de los servicios ferroviarios deficitarios, por lo que la supuesta justificación económica carecería de base legal.
“La eliminación de estas paradas afecta directamente a los derechos fundamentales de los vecinos de Sanabria, especialmente a quienes dependen del tren para acceder a servicios esenciales como la sanidad o la educación”, denuncian en un comunicado conjunto.
Desde los colectivos implicados subrayan que no cejarán en su empeño de defender los derechos del mundo rural, y advierten de que la supresión de servicios públicos esenciales contribuye a la despoblación y al abandono institucional de vastas zonas del país.
“Lo que está en juego no es sólo una parada de tren. Es el derecho a vivir con dignidad en nuestros pueblos”, concluyen.