El Ayuntamiento de Almaraz de Duero incumple con la obligación de rendir cuentas
En un reciente dictamen del Comisionado de Transparencia, se ha determinado que el Ayuntamiento de Almaraz de Duero ha incumplido con su deber de rendir cuentas, tras negarse a entregar copias de los registros de ingresos y gastos solicitados por el portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alfonso Martín Pérez. La resolución pone de manifiesto la necesidad de que el consistorio cumpla con la legalidad y facilite la información requerida por los representantes públicos.
La controversia surgió cuando el portavoz de UPL en Almaraz de Duero solicitó formalmente acceso a los libros de cuentas de los ejercicios anteriores, como parte de sus funciones de control y supervisión. Sin embargo, la alcaldía no proporcionó una respuesta satisfactoria, lo que llevó a UPL a elevar la reclamación al Comisionado de Transparencia.
El organismo autonómico ha sido claro y contundente en su fallo: el ayuntamiento está obligado a proporcionar acceso a los registros contables y entregar copias de la información solicitada. Según el comisionado, no existe justificación alguna para que un concejal no pueda acceder a esta información, reprobando las excusas presentadas por el consistorio, calificadas por UPL como "pueriles" y carentes de fundamento político.
Además, el comisionado ha señalado que, al no resolver la solicitud, se ha incurrido en una mala praxis administrativa, particularmente grave cuando el silencio administrativo ha sido positivo, es decir, cuando se asume la aprobación de la solicitud por falta de respuesta en tiempo y forma.
El dictamen también insta al alcalde de Almaraz de Duero a cooperar con las peticiones del grupo UPL, en línea con los principios de buen gobierno democrático y la transparencia. La resolución subraya la importancia de que el consistorio facilite la información requerida, tal y como exige la normativa vigente y ha sido confirmado por el Comisionado de Transparencia.
Este caso pone en relieve la importancia de la transparencia en la gestión pública y la obligación de los ayuntamientos de rendir cuentas a sus ciudadanos, especialmente cuando se trata de la fiscalización por parte de los representantes elegidos.