UPA alerta de que España ya ha perdido 170.000 hectáreas por incendios en 2026 y reclama un cambio urgente en la gestión forestal
España ha perdido ya cerca de 170.000 hectáreas por los incendios forestales cuando todavía no ha terminado el mes de julio. Ante una campaña especialmente dura, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha lanzado un contundente llamamiento para exigir un cambio profundo en la política de prevención y gestión del territorio, al considerar que el país se enfrenta a una emergencia que se repite cada verano con mayor intensidad.
La organización agraria advierte de que el fuego no solo está destruyendo millones de árboles y miles de hectáreas de cultivos, pastos y montes, sino también un patrimonio natural, económico y cultural cuyo valor resulta imposible de cuantificar. A su juicio, la gravedad de la situación obliga a abandonar la reacción puntual ante las emergencias y apostar por una estrategia permanente basada en la prevención.
UPA sostiene que el cambio climático está agravando el comportamiento de los incendios, con veranos más cálidos, secos y prolongados que convierten amplias zonas del territorio en espacios extremadamente vulnerables. Por ello, reclama combinar medidas para reducir las emisiones con actuaciones que permitan adaptar el medio rural a unas condiciones climáticas que considera ya irreversibles.
La organización pide a todas las administraciones y fuerzas políticas que dejen a un lado la confrontación y trabajen de forma coordinada junto a científicos, técnicos y representantes del sector agrario para diseñar una respuesta común frente a un problema que califica de estructural.
Entre las medidas prioritarias, UPA reclama incrementar la inversión en prevención, reforzando la limpieza de montes, el mantenimiento de parcelas abandonadas, la creación de cortafuegos, la construcción de reservas de agua y la mejora de las condiciones laborales de los bomberos forestales. Asimismo, considera imprescindible contar con la experiencia de quienes viven y trabajan en el medio rural para planificar las actuaciones preventivas.
La organización recuerda que los agricultores desempeñan un papel esencial en la lucha contra el fuego, tanto por el mantenimiento del territorio como por la ayuda que prestan habitualmente durante las labores de extinción con sus tractores y maquinaria. No obstante, insiste en que esa colaboración debe realizarse siempre bajo la coordinación de los equipos profesionales y acompañarse de medidas que compensen las pérdidas derivadas de las restricciones durante campañas agrícolas como la cosecha de cereal.
En el ámbito ganadero, UPA defiende que la ganadería extensiva constituye una herramienta natural para reducir el riesgo de incendios, al mantener controlada la vegetación combustible mediante el pastoreo. Por ello, solicita la aprobación de un Plan Estatal de Ganadería Extensiva y ayudas específicas dentro de la Política Agraria Común (PAC) que reconozcan esa función ambiental. La organización recuerda que España ha perdido alrededor de cinco millones de ovejas en la última década, una reducción que, a su juicio, también incrementa la vulnerabilidad del territorio frente al fuego.
El comunicado también reclama una estrategia de largo recorrido para combatir el abandono del medio rural y la despoblación, factores que favorecen la acumulación de vegetación y dificultan la gestión forestal. Según UPA, mantener una red de explotaciones agrícolas y ganaderas familiares contribuye a crear un paisaje en mosaico, mucho más resistente a la propagación de los incendios.
Además, la organización reclama un mayor compromiso de la Unión Europea, con la creación de un fondo específico para afrontar las consecuencias de la emergencia climática y financiar tanto la prevención como la extinción de incendios, especialmente en los países del sur del continente.
UPA concluye con un llamamiento a actuar con urgencia para evitar que los incendios forestales se conviertan en una causa más del abandono de los pueblos. La organización defiende que la prioridad debe centrarse en aplicar soluciones basadas en la ciencia, reforzar los servicios públicos de prevención y extinción y garantizar que quienes viven en el medio rural puedan hacerlo con seguridad durante todo el año.