La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, reunida en sesión ordinaria, ha remitido un comunicado oficial en el que muestra el sentir unánime ante el pacto alcanzado este pasado jueves entre el PSOE y Junts per Catalunya. Un pacto que incluye entre los términos acordados, el ya popular "lawfare", la llamada judicialización de la política.
En este sentido, el Supremo ha defendido el derecho a una independencia judicial que resulta "incompatible" con "la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado" a los que hace referencia expresa la Ley de Amnistía pactada entre el partido de Pedro Sánchez con la formación liderada por Carles Puigdemont.
El Tribunal carga también contra la intención de la norma pactada que supondría cuestionar el conjunto de actuaciones judiciales contra los líderes del procés y recuera que el "ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley".
Un comunicado que se une a los ya realizados por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del conjunto de asociaciones de jueces y fiscales al recordar que "el Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes".
