Sanidad impondrá este miércoles el uso de mascarilla en los centros sanitarios de toda España
La ministra Mónica García hará efectiva la medida si no se alcanza un acuerdo con las comunidades autónomas, que tienen dos días para enviar sus propuestas tras el fracaso del Consejo Interterritorial
El Ministerio de Sanidad impondrá el uso obligatorio de mascarillas en centros sanitarios de España ante la falta de consenso entre las comunidades autónomas. Esta decisión, programada para el próximo miércoles, se ha acelerado luego del fracaso en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha otorgado a las consejerías dos días para presentar propuestas tras el desacuerdo en la reunión. La intención era unificar criterios y legalizar las medidas ya implementadas por algunas regiones. La medida busca igualar la protección ante los virus respiratorios en todo el país y se llevará a cabo mediante una declaración de actuaciones coordinadas establecida por la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Sin embargo, la falta de consenso fue evidente en el pleno. Algunas comunidades, como Cataluña, Valencia y Aragón, ya han adoptado la medida, mientras que otras, incluyendo Madrid, se han mostrado en desacuerdo, argumentando irregularidades en el proceso y preferencias por recomendaciones en lugar de obligaciones.
La ministra García se ha enfrentado a críticas por convocar la reunión sin el encuentro previo de las instancias donde se discuten los documentos pertinentes. Las diferencias también han surgido en cuanto a los lugares específicos donde se aplicará la obligatoriedad, limitándose a centros sanitarios asistenciales, excluyendo las farmacias, aunque se recomienda su uso en centros de personas vulnerables.
Este movimiento recuerda las estrategias empleadas durante la pandemia de Covid-19 para implementar restricciones específicas, una vez finalizado el estado de alarma. La ministra busca unificar las medidas, aunque la falta de acuerdo y la diversidad de posturas entre las comunidades han complicado el proceso.
La situación actual lleva a una incertidumbre sobre la aplicación uniforme de esta medida, ya que las posiciones divergentes entre las regiones podrían obstaculizar su implementación a nivel nacional.