Los repartidores de butano irán a la huelga a partir del 5 de noviembre por la falta de apoyo del Gobierno y las petroleras
Los repartidores de butano han anunciado una serie de huelgas que comenzarán el próximo 5 de noviembre, en protesta por las duras condiciones salariales que enfrentan. La Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (Fedglp) ha convocado un total de ocho jornadas de paro, distribuidas entre noviembre y diciembre, que podrían prolongarse si no se alcanza un acuerdo con el Gobierno y las principales empresas del sector, como Repsol y Cepsa.
Los paros están programados para los días 5, 13, 21 y 29 de noviembre, así como el 5, 11, 17 y 23 de diciembre, y responden a la denuncia de los repartidores, que aseguran estar trabajando a pérdidas debido a la baja remuneración que perciben. Según Fedglp, las petroleras imponen a las distribuidoras unas tarifas que no les permiten cubrir los costes operativos, como los salarios o el mantenimiento de sus flotas de vehículos. Actualmente, los repartidores reciben una retribución anual aproximada de 17.000 euros, cifra cercana al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y que, según denuncian, no ha sido actualizada en más de una década, a pesar del aumento considerable de los costes en ese periodo.
Aunque la huelga afectará a la distribución a domicilio tanto para particulares como para empresas, Fedglp ha garantizado el suministro a puntos de venta, así como la exención de la medida para los usuarios más vulnerables. De este modo, los paros no afectarán a centros educativos, sanitarios, residencias de mayores o entidades sin ánimo de lucro.
Fedglp acusa al Ministerio de Transición Ecológica de inacción, al no haber intervenido para aliviar la situación de las pymes distribuidoras, a pesar de los reiterados intentos de negociación. Desde la organización, se insiste en la necesidad de una revisión del sistema de precios de las bombonas, que actualmente ronda los 16 euros, para garantizar una remuneración justa que permita la viabilidad del servicio.
Las pymes del sector se enfrentan a un escenario crítico, en el que su papel en la cadena de distribución está amenazado por las condiciones económicas impuestas. La huelga, por tanto, busca visibilizar esta problemática y presionar tanto a las petroleras como al Gobierno para que tomen medidas concretas que aseguren la sostenibilidad de su actividad.