La tarifa del agua varía hasta un 480% según la ciudad en la que se reside, de acuerdo a un estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción sobre las tarifas para el año 2020 del suministro domiciliario de agua en 57 ciudades españolas. Ceuta es la ciudad española con el agua más cara, seguida, para un consumo de 9 metros cúbicos, de Murcia.
El estudio abarca a todas las capitales de provincia y de comunidades autónomas (Santiago de Compostela y Mérida), las dos ciudades autónomas, así como Gijón, Jerez de la Frontera y Vigo, por tener una mayor población que las capitales de provincia respectivas.
Las variaciones tarifarias suponen hasta 278,50 euros al año de diferencia para una vivienda con un consumo de 9 metros cúbicos mensuales y un calibre de contador de 13 ó 15 mm, entre los 4,83 euros al mes que se pagan en León y los 28,04 euros que se abonan en Ceuta. Si el consumo alcanza los 13 m3 mensuales, las variaciones alcanzan los 329,43 euros al año.
A pesar de las enormes diferencias tarifarias entre las 57 ciudades analizadas, las viviendas con un consumo de 9 m3, con un contador de calibre 13 mm, pagan en 2020 de media 14,83 euros (un 1,2% más de lo que pagaron en 2019), frente a los 15,13 euros que pagan aquellos hogares que tienen instalado un contador de 15mm (un 1,6% más que en 2019). En aquellas familias con un consumo de 13 m3 y un contador de 13 mm, el precio medio alcanza los 20,62 euros (un 1,5% más que en 2019), frente a los 20,92 euros que abonan los hogares que consumen 13 m3 de agua con un contador de calibre 15 mm (un 1,4% más que en 2019).
La asociación cuestiona la existencia de esta diferenciación de precios sobre la base del calibre del contador, dado que no existen razones técnicas para hacerlo. Así lo recogen las especificaciones de los propios fabricantes de contadores, así como los documentos técnicos de algunos operadores como Canal de Isabel II, y dos resoluciones emitidas por la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía.
Grandes diferencias entre ciudades
Ceuta es la ciudad con el agua más cara de las 57 analizadas, en todos los supuestos contemplados en el estudio. La segunda posición la ocupa Murcia, también en todos los supuestos contemplados en el análisis.
A partir de la tercera ciudad más cara, las ciudades difieren dependiendo del grosor del contador y el consumo mensual. Así, es en el caso de contadores de 13 mm y un consumo de 9 m3, los importes más elevados encontrados por FACUA tras Ceuta (con servicio gestionado por empresa pública), con una tarifa de 28,04 euros al mes y Murcia (empresa mixta), con 26,27 euros al mes, son Valencia (empresa mixta), con 21,15 euros, Alicante (empresa pública), 21,05 euros y Palma de Mallorca (empresa pública), 20,95 euros.
Para el mismo consumo pero un calibre de contador de 15 mm, las ciudades más caras tras Ceuta (28,04 euros) y Murcia (26,27 euros) son Santa Cruz de Tenerife (empresa mixta), con una tarifa de 23,21 euros (aunque en la actualidad no tiene ningún contador de este calibre instalado en la ciudad), Valencia (con una tarifa de 23,01 euros), Huelva (22,61 euros) y Alicante (21,05 euros).
En el otro extremo, la tarifa más barata se encuentra León (modelo de gestión mixto), con un precio de 4,83 euros para un consumo de agua de 9 m3 cúbicos al mes, independiente de si el calibre es de 13 o 15 mm. También es la ciudad más barata para un consumo mensual de 13 m3 independientemente del calibre del contador, con una tarifa de 7,29 euros.
Para un consumo de 9 m3, independientemente del calibre del contador le siguen Palencia (empresa privada), 6,97 euros, Soria (gestión mixta), 7,54 euros al mes; Oviedo (gestión privada), 7,72 euros y Ourense (gestión privada), 8,23 euros.
En 36 de las 57 ciudades analizadas (un 63%) no han modificado sus tarifas en 2020. El resto las han subido, o ha subido alguno de los elementos que forman parte del ciclo integral del agua (como puedan ser cánones locales o regionales). Tan sólo Murcia las ha bajado ligeramente, entre un 0,8 y un 1,5% dependiendo del calibre del contador y el consumo.
Tarifa progresiva
FACUA reclama a los ayuntamientos que adopten un sistema progresivo de tarificación que refleje mejor el consumo de los hogares por número de habitantes, de tal manera que se penalicen los consumos excesivos de una manera más realista y justa. Los consumos elevados en hogares en los que residen pocas personas podrían reflejar un despilfarro de agua que debería ser penalizado y resultar más caro que el consumo elevado de un hogar en el que residen muchas personas. Un sistema tarifario que contemple este tipo de cuestiones es más equitativo para la ciudadanía y asimismo permite premiar el ahorro con tarifas más asequibles.
De esta manera, los hogares con mayor número de habitantes y por lo tanto mayor consumo, podrán demostrar que no derrochan agua y no se verán penalizados por ello. Un precio unitario, sin considerar el número de personas por domicilio, impide conocer quién está realmente ahorrando en el consumo, valora FACUA.
Asimismo, la asociación considera imprescindible una regulación garantista frente al corte o suspensión del servicio, que defina y regule la situación de personas vulnerables de especial protección y que asegure un mínimo vital como un derecho de los usuarios. En este sentido, FACUA recuerda que la ONU ha reconocido el agua como un derecho humano y establece un cálculo (informe 35 sobre Derecho al Agua) que puede servir de referencia para establecer el mínimo vital. Así, la asociación recomienda que éste quede en cien litros por persona al día.
Bonificaciones
Casi todas las ciudades que forman parte del estudio ofrecen algún tipo de bonificación o rebaja en la tarifa de acuerdo a algunas condiciones especiales: fundamentalmente, familias numerosas u hogares con más de un número determinado de convivientes (más de cuatro, como en Jerez de la Frontera, o más de seis, en Zaragoza). Un total de 38 ciudades ofrecen este tipo de tarifa o bonificación.
Asimismo, algunos municipios (alrededor de 18) ofrecen bonificaciones a hogares con pocos ingresos o desempleados, algunos directamente y otros a través de algún tipo de fondo social o colaboración con los servicios sociales locales. También hay descuentos para pensionistas o jubilados (13).
Destaca también la iniciativa de la empresa pública del agua en la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, que durante 220 ha ofrecido también bonificaciones a aquellos domicilios con personas afectadas por ERTES causados por la pandemia de coronavirus.
FACUA reivindica que se incluya en la estructura tarifaria tarifas de carácter social que tengan en consideración colectivos desfavorecidos.
Cánones
Más de la mitad (60%) de las ciudades analizadas en el estudio de FACUA incluyen, en sus tarifas, diferentes cánones que pueden ser de ámbito local, provincial o autonómico. La finalidad de los mismos, salvo alguna excepción, es destinar lo recaudado a infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración.
23 de las 57 ciudades analizadas no incluyen cánones en sus tarifas: Albacete, Ávila, Bilbao, Burgos, Ceuta, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Melilla, Oviedo, Palencia, Salamanca, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid, Vitoria y Zamora.
FACUA viene reclamando desde hace años la eliminación del canon de saneamiento que se aplica en el recibo del agua de los hogares de Extremadura, una tasa que se aplica desde 2012, pese a que desde entonces no se ha explicado qué finalidad persigue ni a qué obras o mejoras de la red se ha destinado su recaudación.
Carencia normativa
En España, el suministro domiciliario de agua es competencia de los ayuntamientos, que lo gestionan desde el propio ente, consorcios o mancomunidades, o a través del otorgamiento de las concesiones de servicio a empresas públicas, privadas o mixtas. Son estas entidades las que deciden las tarifas con carácter anual. Sin embargo, en ocasiones el saneamiento depende de las comunidades autónomas, de manera parcial o total, por lo que intervienen en las tarifas a través de diferentes cánones o impuestos.
FACUA reclama que los ayuntamientos y entidades gestoras den participación a las asociaciones de consumidores a la hora de diseñar las tarifas y aprobarlas. Además, la asociación insiste en demandar una norma marco que regule aspectos básicos del servicio; estructuras tarifarias, procedimientos de aprobación, condiciones del servicio, reclamaciones, contratación y participación.
La asociación considera que no puede hablarse de una gestión eficiente y eficaz del recurso si no se aborda de forma unitaria e integral en todas sus fases, desde la captación hasta la depuración, en lo que se viene denominando Ciclo Integral del Agua (abastecimiento, saneamiento y depuración). La regulación debe garantizar los principios de unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, descentralización, coordinación, eficacia, participación de los usuarios y transparencia en la gestión del agua, rendición de cuentas de las entidades prestadoras de servicios de agua, garantía de calidad en los servicios públicos y corresponsabilidad de los usuarios en la prestación de dichos servicios públicos.
Asimismo, esta normativa debería abarcar las indemnizaciones por deficiencias de la calidad de los servicios que se pueden percibir en caso de cortes del suministro por motivos que no respondan a fuerza mayor o acciones de terceros o la periodicidad de lectura de los contadores y facturación.
FACUA considera que también deben quedar recogidas las condiciones de presión y caudal mínimas exigibles por los usuarios, los procedimientos que garanticen la suspensión o la baja en el suministro y los sistemas para la resolución de las reclamaciones.
A ello se le añade la necesidad de establecer una norma que clarifique el precio del agua y los conceptos repercutibles a los usuarios por parte del sector, con el fin de fomentar un modelo lo más claro posible.
La asociación también reivindica la obligación de que las empresas que prestan este servicio cuenten con teléfonos gratuitos y oficinas para la atención a los usuarios, y que estén adheridas a procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos como el Sistema Arbitral de Consumo.
