Un juzgado de Barcelona ha emitido este 20 de marzo una sentencia pionera que establece que los efectos secundarios de la vacuna contra la COVID-19 pueden ser considerados un accidente de trabajo y no una enfermedad común. El fallo favorece a un profesor de secundaria que sufrió graves problemas de salud tras recibir la vacuna de AstraZeneca en 2021.
El docente, que en el momento de los hechos tenía 47 años, fue inoculado en el marco de la campaña de vacunación dirigida a los servidores públicos. La sentencia subraya que en aquel contexto se promovió la vacunación como una responsabilidad social y profesional, especialmente en el ámbito educativo, donde se buscaba garantizar la seguridad en las aulas. Según el dictamen, la vacunación se llevó a cabo en un clima en el que los trabajadores asumieron el procedimiento como un deber más dentro de sus funciones laborales.
Menos de un mes después de recibir la dosis, el profesor tuvo que ser ingresado de urgencia en el Hospital del Mar de Barcelona debido a un cuadro severo de tromboembolismo pulmonar y otras complicaciones graves. Su recuperación requirió una baja prolongada hasta julio de 2022.
El juzgado argumenta su decisión en la normativa vigente de la Seguridad Social, que establece que se consideran accidentes de trabajo aquellos que ocurren en actos de salvamento o situaciones análogas con relación directa a la actividad laboral. Además, la magistrada ha tomado en cuenta la comunicación recibida por el profesor desde el Departament d’Educació, en la que se le instaba a vacunarse y se agradecía su colaboración, lo que refuerza la idea de que la inoculación formaba parte de sus obligaciones laborales.
La sentencia, que aún puede ser recurrida, podría sentar un precedente con importantes repercusiones económicas, ya que el reconocimiento de la relación entre la vacunación y el accidente laboral implicaría una mayor cobertura asistencial para los trabajadores afectados. Actualmente, existen otros casos similares en proceso judicial, lo que podría ampliar el impacto de este fallo en futuras resoluciones.
Por su parte, la administración ha defendido que la vacunación no era obligatoria y que los docentes participaron voluntariamente en la campaña. Sin embargo, la jueza ha destacado que ninguna de las partes demandadas solicitó pruebas adicionales para comprobar el grado de obligatoriedad real de la inoculación en este caso concreto.
El fallo judicial ha sido notificado en un plazo inusualmente rápido tras la celebración del juicio, lo que refuerza su relevancia dentro del debate sobre la consideración legal de los efectos adversos de la vacunación contra la COVID-19 en el ámbito laboral.
