El Gobierno desbloquea la jubilación parcial en la Administración Pública
La decisión responde a una reivindicación defendida por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
El Gobierno ha dado luz verde a un Real Decreto-ley que desbloquea la aplicación de la jubilación parcial en el ámbito del personal laboral de las Administraciones Públicas, poniendo fin a una situación que había quedado paralizada tras la reforma en materia de pensiones.
Hasta ahora, la aplicación de esta modalidad de jubilación se había visto impedida por los requisitos establecidos en la normativa, que exigían la contratación de un trabajador relevista con carácter indefinido y a jornada completa, una condición que en la práctica dificultaba su aplicación en el sector público.
La nueva regulación aprobada por el Consejo de Ministros incorpora la posibilidad de realizar contrataciones temporales de relevistas, lo que permite desbloquear este derecho para el personal laboral, tal y como venía reclamando la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
El sindicato, mayoritario en las administraciones públicas, había advertido de las dificultades que suponía la reforma anterior y defendido distintas iniciativas para corregir esta situación. Entre ellas, recurrió a la vía judicial y planteó propuestas en el ámbito parlamentario para introducir medidas transitorias que permitieran mantener la aplicación de la jubilación parcial.
Los tribunales llegaron a señalar la falta de adecuación de la normativa a las particularidades del empleo público, al considerar que los mecanismos previstos no se ajustaban a la realidad organizativa de las administraciones.
En paralelo, CSIF mantuvo una línea de negociación y presión institucional, trasladando sus propuestas al Ministerio de Función Pública en distintas reuniones y movilizaciones, con el objetivo de recuperar este derecho y extenderlo también al personal funcionario y estatutario.
Con esta aprobación, el Gobierno abre la puerta a la aplicación inmediata de la jubilación parcial para el personal laboral, mientras continúan las demandas sindicales para ampliar esta modalidad al conjunto del empleo público, especialmente en el ámbito funcionarial y sanitario, donde sigue sin estar plenamente regulada.