El Gobierno aprobará este martes el requerimiento de incompetencia a Castilla y León pese a las aclaraciones de la Junta

Carolina Darias
El documento solicitará la retirada de aquellas actuaciones que vulneren o menoscaben la ley de interrupción voluntaria del embarazo

El Consejo de Ministros de este martes tiene previsto aprobar el requerimiento de incompetencia anunciado contra el Gobierno de la Junta de Castilla y León tras el anuncio de una serie de medidas sanitarias a las mujeres gestantes realizado la semana pasada. El anuncio, que incluye la realización de ecografías 4D, escucha del latido fetal y atención psicosocial específica mediante el acceso a un psicólogo clínico de SACYL. 

Una serie de pruebas que -como el Ejecutivo regional ha aclarado este lunes tras el aviso de la ministra de Sanidad, Carolina Darias- no se dirigirá únicamente a las mujeres que manifiesten su intención de interrumpir el embarazo, sino a todas las estantes y que no supone en ningún caso una actualización el protocolo de atención a las mujeres que se someter a una interrupción del embarazo. 

Así lo aclaró el propio presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco durante un mensaje institucional en el que ha precisado que "no se obligará a los médicos a nada y no se obligará a las mujeres embarazadas a nada. Serán ellas, como hasta ahora, las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición". El número dos de su Gobierno, Juan García-Gallardo (VOX) señalaban paralelamente que no hay obligatoriedad ninguna en la realización de dichas pruebas, pero sí en los profesionales sanitarios a la hora de ofrecer información que, en todo caso, la mujer puede rechazar. 

Pese a ello, el Gobierno tiene intención plena de continuar con el anunciado requerimiento, tal y como ha confirmado la Secretaría de Estado de Comunicación que perseguirá todas aquellas actuaciones incluidas las constitutivas de vía de hecho "que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la citada ley".

El Gobierno de Castilla y León tiene un plazo de un mes para contestar desde el momento en el que reciba dicho requerimiento.