La falta de convalidación del Real Decreto-ley Ómnibus colapsa el trabajo de los graduados sociales

La no convalidación por el Congreso de los Diputados del Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, conocido como Decreto Ómnibus, supone un nuevo golpe a la seguridad jurídica en el ámbito laboral, de Seguridad Social y de gestión de nóminas, afectando de manera directa al trabajo diario de los graduados sociales.

La caída de esta norma, que incluía medidas esenciales sobre pensiones, cotización a la Seguridad Social y la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 2025-2026, sitúa a los profesionales en un escenario de incertidumbre normativa, improvisación y falta de planificación, con repercusiones en despachos profesionales, empresas y personas trabajadoras.

Desde el colectivo de graduados sociales recuerdan que esta situación ya había sido advertida previamente. En 2024 se envió un primer escrito a la Ministra de Trabajo y Economía Social, al Presidente de la CEOE y al Secretario de Estado de Trabajo, solicitando la actualización del SMI y otras medidas laborales esenciales en tiempo y forma. A comienzos de 2025, se reiteró formalmente esta petición, insistiendo en la necesidad de estabilidad y previsión en el marco normativo laboral.

La falta de convalidación del Real Decreto-ley provoca importantes perjuicios profesionales, entre los que destacan:

• Imposibilidad de cerrar nóminas y cotizaciones con criterios claros y estables.

• Necesidad de rehacer cálculos salariales, seguros sociales y regularizaciones con efectos retroactivos.

• Aumento de consultas, reclamaciones e incidencias administrativas.

• Sobrecarga de trabajo extraordinaria que recae directamente sobre los despachos profesionales.

• Deterioro de la relación con clientes y empresas, que reciben mensajes contradictorios derivados de la inseguridad normativa.

Este no es un hecho aislado. En diciembre de 2024, el Real Decreto-ley 9/2024, también un decreto Ómnibus, no logró los apoyos necesarios, evidenciando la falta de previsión hacia los operadores jurídicos y profesionales que garantizan la correcta aplicación de la ley.

Los graduados sociales subrayan que no solo aplican la normativa, sino que aseguran su ejecución efectiva en miles de empresas y relaciones laborales en todo el país. Por ello, reclaman que las medidas esenciales en materia laboral y social se tramiten con urgencia, claridad y estabilidad normativa, evitando nuevas situaciones de caos normativo que afectan gravemente al sistema y a quienes lo sostienen en el día a día.