FACUA reclama al Gobierno un plan urgente contra abusos en los alquileres: "La vivienda no puede ser un lujo"

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La asociación propone 8 medidas para limitar la especulación y endurecer sanciones a propietarios, instando a Pedro Sánchez a intervenir ante una crisis de acceso a la vivienda que afecta a millones de españoles

La organización de consumidores FACUA ha lanzado un enérgico llamamiento al Gobierno español, demandando un conjunto de ocho medidas concretas para combatir los abusos y la especulación en el sector del alquiler de viviendas. La asociación ha anunciado que enviará esta propuesta tanto al presidente Pedro Sánchez como a los ministros de Vivienda y Consumo, Isabel Rodríguez y Pablo Bustinduy, respectivamente. La iniciativa, bautizada como #Las8deFACUA, busca establecer un marco de protección más sólido para los inquilinos en el mercado de alquiler.

FACUA ha alertado de que la especulación en el sector está provocando un encarecimiento insostenible de los alquileres, dificultando que muchas personas accedan a una vivienda digna. En respuesta, la asociación propone una serie de acciones que van desde la regulación de los precios hasta un plan de inspección y sanción para frenar prácticas abusivas por parte de los propietarios.

Entre las demandas principales, abogan por prohibir que los arrendadores incrementen los precios de los alquileres por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC) al cambiar de inquilino o renovar el contrato. Además, pide el reconocimiento del inquilino como consumidor, de manera que cualquier abuso pueda ser sancionado por las autoridades de consumo autonómicas, con mecanismos de resolución extrajudicial.

Otra medida destacada es la expropiación del uso de viviendas en manos de grandes tenedores que lleven vacías más de un año, para destinarlas al alquiler social. FACUA también propone que las ayudas en vivienda a comunidades autónomas y ayuntamientos se condicionen a la aprobación de topes en los precios de alquiler, alineados con la Ley de Vivienda.

En términos de control, la asociación sugiere una mayor coordinación de inspecciones y sanciones entre las comunidades autónomas y el sector inmobiliario. Esto incluiría la revisión aleatoria de contratos de alquiler para detectar posibles cláusulas abusivas y el establecimiento de indemnizaciones para los inquilinos que denuncien este tipo de prácticas.