Doñana descubre el rastro de infracciones ambientales en España, el más alto de Europa

Doñana

La Comisión mantiene 24  expedientes por incumplimiento de las normas verdes de la UE

Bruselas ha indicado que utilizará “todos los medios a su alcance” si se aprueba la ley de regadíos de Doñana que va en contra de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre el Parque Nacional

El aviso de la Unión Europea sobre la proposición de ley de PP y Vox para ampliar los regadíos de los alrededores de Doñana, ha incitado los temores a una nueva sanción ambiental de Bruselas a España, que ya condenó a nuestro país en 2021 por falta de control de las extracciones de agua en el Parque Nacional andaluz.

De producirse una nueva sanción, se uniría a los 24 expedientes españoles a día de hoy activos y que mantienen a nuestro país a la cabeza de las infracciones ambientales de la Unión Europea. Le siguen Grecia (22) y Polonia (20), según datos de la Comisión Europea (CE).

En total, España ha acumulado 271 casos por diversos motivos en los últimas tres décadas. Entre ellos se encuentran condenas por el vertido de aguas residuales -un problema que ha desencadenado cuantiosas multas-; la contaminación atmosférica y vertederos ilegales; además de avisos por irregularidades en la conservación de entornos naturales o la trasposición de la normativa europea contra el ruido.

"No es un fenómeno reciente, España ha ocupado los primeros puestos en muchas ocasiones. Unas veces porque no se veía el medio ambiente como una prioridad y había falta de voluntad; y otras por la capacidad económica de las regiones. Se va mejorando, pero muchos incumplimientos persisten independientemente del color político", ha asegurado a RTVE.es Ana Barreira, presidenta del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente.

El caso de Doñana siempre ha estado en el foco mediático, pero desde hace un tiempo esta más en el punto de mira, y el agua como principal motivo.

Su extracción ilegal, el abastecimiento urbano de la vecina localidad de Matalascañas, así como el deterioro de los ecosistemas de Doñana fueron llevados ya la Comisión Europea en 2014, que abrió un expediente. "Comenzó así un largo periplo judicial hasta que el Tribunal de Justicia de la UE impuso una condena a España en 2021", cuenta el profesor del Máster en Derecho Ambiental de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Manuel Palomares, si bien cabe recordar que esto no conllevó sanción económica alguna.

Este polémico caso, también trae conflictos entre los partidos políticos, cuando queda menos de un mes para las elecciones del 28M.