Desarticulada una organización criminal que preparaba la estafa de más de 12.000 mayores

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la estafa de personas de avanzada edad en situación de vulnerabilidad. El perjuicio total asciende a más de 300.000 euros pero podría haber sido mucho mayor dado que la organización disponía de un listado de 12.894 potenciales víctimas, algunas de las cuales ya han sido estafadas. 

Los agentes han detenido a 45 personas que se hacían pasar por trabajadores de la Administración, llegando incluso a disponer de placas emblema falsas para ganarse la confianza de las víctimas. 

Los detenidos -a través de llamadas telefónicas o personándose directamente en los domicilios- obtenían mediante pretextos o engaños toda la información bancaria de sus víctimas necesaria para operar con sus cuentas con total libertad. Los agentes han bloqueado 86 cuentas bancarias y han realizado 17 registros en los que han intervenido 46 teléfonos, 5 vehículos de alta gama, 30.000 euros en efectivo, 30 relojes de alta gama, 97.000 euros en billetes falsos y 1 arma de fuego, entre otros efectos.

La investigación se inició en agosto de 2022 cuando los agentes detectaron múltiples denuncias similares por todo el territorio nacional que obedecían a un patrón de conducta delictiva similar. El cruce de datos permitía acreditar la relación de los hechos expuestos con la organización desmantelada. Estos se hacían pasar por empleados de la Administración –trabajadores de juzgados, Hacienda, o de la Guardia Civil-. Mediante estas llamadas engañaban a sus víctimas comunicándoles que había tenido lugar un juicio contra una entidad de crédito, a través de la cual habían financiado con anterioridad la compra de determinados bienes, y que el juez había fallado a su favor obligando a la entidad crediticia a devolverles el importe íntegro de dichas compras. Con el pretexto de poder completar las devoluciones, y alegando que era necesario para poder ingresarles el dinero que les correspondía, solicitaban telefónicamente toda la información bancaria que les permitiría operar con sus cuentas con total libertad.

En caso de que los arrestados no obtuvieran la información por teléfono, y una vez que se habían asegurado de que la víctima vivía sola, concertaban una cita para acudir a su domicilio. Cuando se personaban en la vivienda, mostraban placas emblema falsas para acreditar que eran funcionarios públicos, ganarse su confianza, y acceder al interior de la misma. A partir de ese momento, con cualquier pretexto o engaño y mediante el uso de técnicas de ingeniería social, conseguían la información bancaria necesaria.

En algunas ocasiones, incluso portaban un datáfono y solicitaban a la víctima que introdujera su tarjeta bancaria y tecleara su número PIN para proceder a ingresarle la indemnización correspondiente. Hecho esto, aprovechaban una distracción -motivada por una llamada telefónica de otro miembro de la organización previamente planificada- para abandonar el domicilio con la tarjeta y con cualquier objeto de valor que estuviese a la vista.

Conseguida la información bancaria de las víctimas, comenzaba el expolio sistemático de sus cuentas bancarias, ordenando un volumen ingente de transferencias de dinero no autorizadas a cuentas controladas por ellos mismos, o realizando extracciones de dinero en efectivo.