El Consejo de Ministros prorroga las principales medidas de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño

El Ejecutivo ha extendido hasta el 31 de diciembre la rebaja del IVA de alimentos básicos, las ayudas para la bonificación del transporte público y la suspensión de desahucios de familias vulnerables. Además, ha puesto en marcha la nueva línea de avales ICO para la adquisición de vivienda

El Consejo de Ministros ha aprobado un conjunto de medidas aplicables en la segunda mitad del año para seguir respondiendo al impacto de la guerra en Ucrania.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha destacado que se trata del séptimo paquete de iniciativas con esta finalidad y ha sostenido que estas actuaciones "están siendo muy eficaces para bajar la inflación y apoyar a las familias y las empresas en un contexto de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo".

Calviño ha resaltado que España es la gran economía europea que más crece, a un ritmo cuatro veces superior a la media, gracias en buena medida a la fortaleza de la creación de empleo, las inversiones financiadas con los fondos europeos y las exportaciones. Además, ha calificado de "responsable" la política fiscal del Ejecutivo, que ha permitido cumplir "holgadamente" los objetivos de reducción del déficit y la deuda pública.

Ante la evolución de la guerra, el Gobierno ha prorrogado hoy las principales medidas de apoyo a los colectivos y los sectores más afectados por el alza de los precios y, además, ha traspuesto diversas directivas europeas y ha adoptado iniciativas adicionales para desplegar proyectos estratégicos y programas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. "Nos permitirá transitar con tranquilidad y confianza por el segundo semestre del año en un contexto de incertidumbre, pero naturalmente con la esperanza de que termine cuanto antes esta guerra", ha afirmado la vicepresidenta.

Prórroga de medidas de apoyo y protección de los más vulnerables

Entre las actuaciones que se amplían hasta el 31 de diciembre, figuran la bonificación del abono de transporte público para aliviar las finanzas de las familias, los estudiantes y los trabajadores autónomos y fomentar el transporte sostenible; la eliminación del IVA para la cesta de productos básicos y la bajada al 5% para aceites y pastas alimenticias; y las ayudas al gasóleo para transportistas profesionales y agricultores y ganaderos (la bonificación será de 10 céntimos por litro hasta el 30 de septiembre y de 5 céntimos por litro en el último trimestre del año).

Además, se incorporan ayudas directas para aquellos profesionales del transporte por carretera que no están sujetos al gasóleo profesional y, por tanto, no se benefician de esa bonificación, así como para los servicios de transporte marítimo de interés público.

La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha indicado que también se prorrogan varias de las medidas en materia energética "que han sido muy eficaces para rebajar la factura eléctrica" y se mantiene la limitación del precio máximo de venta de la bombona de butano.

Igualmente, se prorrogan las medidas de apoyo a la isla de La Palma en materia de Seguridad Social y en los ámbitos laboral e hipotecario.

Este conjunto de actuaciones movilizará 3.800 millones de euros adicionales, según ha apuntado Nadia Calviño. "Estamos hablando de unas ayudas totales, entre bajadas de impuestos, ayudas directas y bonificaciones, de 8.900 millones de euros en la segunda parte del año. En total, los siete paquetes aprobados movilizan más de 47.000 millones de euros en respuesta al impacto de la guerra", ha explicado la vicepresidenta.

Junto a estas medidas con impacto fiscal, se refuerza la protección de colectivos vulnerables, ampliando la suspensión de los lanzamientos para personas vulnerables sin alternativa habitacional y la prohibición de despidos por causa del alza de los precios de la energía en empresas que reciban ayudas públicas. Además, se adopta el "derecho al olvido oncológico" de las personas que han padecido un cáncer en la contratación de cualquier producto, financiero o no, transcurridos cinco años desde la superación de la enfermedad sin recaída posterior.