El caso que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue en suspenso tras varios meses de investigación. A pesar de la relevancia pública que ha tenido, la claridad sobre los hechos permanece difusa, ya que Gómez se ha acogido en varias ocasiones a su derecho a no declarar. En el marco de las investigaciones judiciales por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción, aún no se han esclarecido por completo los vínculos y las circunstancias que rodean la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, dirigida por la mujer del presidente.
Recientemente, se ha conocido que María Cristina Álvarez, asesora de la Secretaría General de la Presidencia, trasladó en un correo electrónico a la aseguradora Reale el interés de Begoña Gómez en que continuara patrocinando dicha cátedra, aunque fuera con una aportación económica menor. El correo, enviado desde la cuenta personal de Álvarez, incluía una solicitud para mantener la colaboración entre ambas partes, lo que ha añadido más incertidumbre al caso y ha levantado nuevas interrogantes sobre la legalidad de los movimientos institucionales implicados.
A lo largo de la investigación, también han surgido otros correos, como uno enviado por Gómez a la Fundación La Caixa, solicitando la renovación del patrocinio de la cátedra con una cantidad anual de 40.000 euros. Estos documentos forman parte del sumario judicial, que ha sido objeto de análisis por parte de las acusaciones populares que han instado a esclarecer los posibles delitos de tráfico de influencias que podrían haber tenido lugar en este contexto, vinculado a la relación de la esposa del presidente con la universidad pública.
El caso ha generado un clima de tensión política, especialmente con la apertura de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. La oposición, encabezada por PP y Vox, ha intensificado sus críticas a Begoña Gómez, acusándola de aprovechar su posición para obtener beneficios personales y profesionales. Mientras tanto, desde el PSOE se considera que la comisión está siendo utilizada como un instrumento político con el fin de atacar a la familia presidencial, subrayando la falta de pruebas contundentes y la politización del proceso judicial.
