Las barreras de acceso a la vivienda en alquiler
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha dado a conocer los resultados de un exhaustivo estudio centrado en el acceso a la vivienda en alquiler para el consumidor vulnerable. Financiado por el Ministerio de Consumo, este informe busca identificar y analizar las dificultades que enfrentan aquellos que buscan alquilar viviendas, además de proponer recomendaciones tanto para las autoridades como para los actores involucrados en este ámbito.
El estudio, que contó con la participación de 2.973 personas de distintos grupos, reveló una serie de conclusiones esenciales:
El alquiler sigue siendo considerado en España como una etapa transitoria hacia la propiedad. A pesar de ello, el 79% de los inquilinos aspira a ser propietario en los próximos cinco años, aunque solo el 42% confía en lograrlo.
Con un aumento de la dificultad para acceder a la propiedad debido a precios elevados, falta de ahorro previo, inestabilidad laboral y costos hipotecarios, la opción del alquiler ha ganado terreno en los últimos años.
El incremento en la demanda de viviendas, impulsado por la creación de empleo y la formación de nuevos hogares, ha resultado en un aumento de precios en el mercado de alquiler. El 63% de los inquilinos encuestados destina más del 30% de sus ingresos al pago de alquiler y gastos asociados a la vivienda.
Los inquilinos suelen ser más jóvenes y tener ingresos menores que los propietarios, con un porcentaje significativo de origen extranjero. El 34% de los inquilinos tiene ingresos familiares de hasta 1.500€ mensuales, mientras que solo el 19% de los propietarios se encuentra en este intervalo.
Ante este escenario, la OCU ha formulado una serie de recomendaciones para lograr un equilibrio en los precios del alquiler:
Urgencia en la implementación de un plan de inversión en vivienda pública que incorpore al menos 600,000 viviendas en régimen de alquiler.
Brindar seguridad jurídica a los arrendadores particulares para aumentar la oferta de viviendas en alquiler y atraer inversión privada.
Adoptar medidas extraordinarias, como el control de rentas, de manera excepcional y definida en tiempo y circunstancias.
Revisar los programas de ayudas al alquiler para concentrarlas en los colectivos más vulnerables y evitar una subida de precios.
Promover políticas que favorezcan la descentralización efectiva de los centros de trabajo para equilibrar el uso del territorio.