CSIF alerta de la escalada de violencia en la prisión de Villahierro
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado al subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, sobre la preocupante escalada de violencia en el centro penitenciario de Villahierro, tras registrarse la agresión a siete funcionarios en tres incidentes ocurridos la pasada semana. Cinco de los empleados resultaron heridos y dos fueron trasladados al hospital, aunque sin gravedad.
El episodio más grave se produjo el sábado 21 de febrero en el módulo 14, donde un interno atacó a cuatro funcionarios utilizando un palo de escoba fracturado como arma. Los trabajadores recibieron asistencia médica en el centro y uno tuvo que ser evacuado a un hospital. Estos hechos se suman a dos agresiones previas del miércoles 18 de febrero, cuando un funcionario fue atacado en el módulo 2 por la mañana y otros dos en el módulo 4 por la tarde mientras intervenían en una pelea entre reclusos.
CSIF advierte que estos incidentes no son hechos aislados, sino reflejo de un grave deterioro de la seguridad en el centro penitenciario. El sindicato denuncia la insuficiencia de plantilla y la falta de recursos técnicos, que dejan a los trabajadores en situación de exposición directa frente a situaciones de riesgo. Además, apuntan al incremento del 32% de la población reclusa en la prisión de Mansilla de las Mulas en menos de un año como factor que agrava la situación.
La organización critica también la gestión de la nueva dirección del centro, señalando que sus decisiones están “debilitando la autoridad de los funcionarios” y evidencian una “preocupante falta de interés por la seguridad y el bienestar de sus trabajadores”. Según CSIF, esto ha generado un clima de desamparo y descontento generalizado entre el personal.
Ante esta situación, CSIF exige medidas urgentes que garanticen la seguridad, refuercen la plantilla y los recursos disponibles y restablezcan la autoridad en el servicio interior. Además, el sindicato reclama que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad, como ya ocurre en Cataluña, para fortalecer su protección jurídica y prevenir futuras agresiones.