Los veterinarios de Castilla y León trasladan a la Junta su malestar por el decreto del medicamento

Fotografía de archivo veterinario rural

El Consejo autonómico de Colegios Veterinarios se reúne con la dirección general de Producción Agrícola y Ganadera para reclamar modificaciones en la normativa y denunciar sanciones desproporcionadas.

El Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León ha mantenido una reunión con representantes de la dirección general de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta para exponer el descontento del sector ante la entrada en vigor del nuevo decreto que regula el uso de antibióticos en clínicas veterinarias.

Uno de los principales puntos de preocupación es la cuantía de las sanciones, consideradas excesivas por el colectivo. La normativa establece que los profesionales deben declarar los antibióticos utilizados en un plazo máximo de 15 días en la base de datos Presvet del Ministerio de Agricultura. Un retraso u omisión en este trámite está tipificado como infracción muy grave, con una sanción mínima de 60.000 euros.

Desde la Junta reconocen que esta cuestión ya había sido identificada en fases previas del desarrollo de la normativa y comunicada al Ministerio, dado que la tipificación de las faltas conlleva sanciones desproporcionadas. De hecho, en la actualidad, esta modificación se encuentra en trámite en las Cortes Generales.

Además de solicitar una revisión urgente de las sanciones, el Consejo de Colegios Veterinarios también ha expresado su preocupación por otros aspectos del decreto que afectan directamente al ejercicio profesional. Entre ellos, el hecho de que la normativa genere sobrantes de medicamentos fuera del control de los veterinarios y complique la aplicación de tratamientos, al restringir el uso de antimicrobianos según el criterio profesional.

El director general de Producción Agrícola y Ganadera mostró su disposición a trasladar estas inquietudes y continuar el diálogo con el colectivo veterinario, que reclama cambios en una normativa que consideran perjudicial tanto para los profesionales como para el bienestar animal.