UCCL exige la dimisión de Ursula von der Leyen por activar la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur
La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha reclamado la dimisión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras el anuncio de activar la aplicación provisional del Acuerdo UE–Mercosur. La organización considera que la decisión supone “forzar los procedimientos”, vaciar de contenido el debate democrático y “vender los intereses de los productores europeos” en un contexto institucional especialmente delicado.
Desde UCCL rechazan “con firmeza” una medida que califican de precipitada, lesiva para el sector agrario y políticamente inaceptable, y recuerdan que, conforme al Tratado, la decisión debe ser confirmada ahora por el Consejo. “La aplicación provisional no puede convertirse en un atajo para imponer hechos consumados”, sostienen.
La organización agraria alerta de que el acuerdo, en los términos planteados, obligará a agricultores y ganaderos europeos a competir con producciones que no están sometidas a los mismos estándares sanitarios, medioambientales y sociales, lo que, a su juicio, distorsiona gravemente las condiciones de mercado. “El sector agrario no puede seguir siendo la variable despreciable de la política comercial europea”, subrayan.
Uno de los puntos más sensibles es la seguridad alimentaria. UCCL recuerda que la propia Comisión ha constatado recientemente deficiencias en los controles de Brasil y que no puede certificar plenamente que no se exporte carne procedente de animales tratados con hormonas prohibidas en la Unión Europea. “Acelerar la apertura comercial en este contexto es una irresponsabilidad. La seguridad alimentaria no puede sacrificarse en nombre de la geoestrategia”, advierten.
Además, la organización cuestiona la supuesta cláusula de salvaguarda agraria anunciada por la Comisión, al considerar que no forma parte del texto del acuerdo y que, por tanto, no ofrece protección real ni automática. A su juicio, se trata de un mecanismo tardío y discrecional que actuaría cuando el daño ya se haya producido y los productores hayan sufrido pérdidas económicas. “No podemos confiar en instrumentos que dependen de decisiones discrecionales de la propia Comisión, cuya actuación estamos viendo”, insisten.
En el plano institucional, UCCL acusa a la Comisión de reducir el margen real de los parlamentos y debilitar el control democrático en un asunto de máxima trascendencia económica y política. Recuerdan que el Parlamento Europeo ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que examine la legalidad del Tratado, lo que, a su entender, debería frenar cualquier intento de consolidar su aplicación provisional.
La organización rememora también que el pasado 11 de febrero protagonizó una movilización en Madrid contra el acuerdo y su eventual entrada en vigor anticipada. Asimismo, mantuvo reuniones con los grupos parlamentarios en el Congreso, impulsó iniciativas para instar al Gobierno a no apoyar esta vía y remitió cartas formales a la Comisión Europea, a eurodiputados españoles y al presidente del Ejecutivo trasladando su rechazo y sus argumentos técnicos.
Ahora, con la decisión de la Comisión pendiente de volver al Consejo, UCCL, a través de Unión de Uniones, traslada la presión al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro de Agricultura, Luis Planas, a quienes insta a alinearse con los Estados miembros que previsiblemente votarán en contra, como ya ha anunciado Francia, y a bloquear la medida.
En la misma línea, reclaman tanto al PSOE como al Partido Popular que dejen de respaldar una vía que, a su juicio, compromete gravemente al sector agrario español y se sumen a un frente común político que frene la aplicación provisional del acuerdo. “Si el Gobierno sigue apoyando en el Consejo la decisión de la Comisión, asumirá junto a quienes lo respalden la responsabilidad directa de los graves perjuicios que sufrirá el sector”, advierten desde la organización agraria.