El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha acordado aceptar la medida cautelar que solicitó el Estado para suspender la resolución de la Junta de Castilla y León sobre el movimiento de ganado en la que se pedía desarrollar determinados aspectos de los programas de enfermedades de los rumiantes.
La Abogacía del Estado considera que esta resolución supone una infracción de la normativa española y también europea. Un "daño irreparable", según dicen, que potencia el riesgo de contagio de la tuberculosis bovina. Así, se muestra en contra de la medida de la Junta de Castilla y León que únicamente quería flexibilizar los controles.
El auto ha acordado que la medida cautelar que requiere Castilla y León, es que se suspenda la aplicación de la Resolución del pasado 10 de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera y ordena que se publique "a la mayor brevedad". La resolución, da respuesta al recursos contencioso-administrativo puesto ya por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación contra la resolución del 10 de mayo.
Una situación que pone en jaque a los ganaderos que han aprovechado esta mañana para concentrarse en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, con una protesta que se ha "ido de las manos" con asistentes intentando entrar a las instalaciones.
