El PSOE exige la dimisión o explicaciones urgentes de la consejera de Educación tras reconocer el ciberataque a Educacyl
Fernando Pablos acusa a Rocío Lucas de mentir en el Pleno de las Cortes al negar un ataque informático que había sido denunciado días antes ante la Guardia Civil y la Agencia de Protección de Datos
El PSOE ha exigido este miércoles la comparecencia urgente de la consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, tras reconocer públicamente un ciberataque al portal educativo Educacyl que negó en sede parlamentaria el pasado 10 de junio. El portavoz socialista de Educación, Fernando Pablos, ha advertido de que la consejera "solo tiene dos opciones: dar explicaciones inmediatas con transparencia o dimitir".
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado esta mañana en las Cortes de Castilla y León la solicitud de comparecencia de Lucas para que informe “cuanto antes” del ataque informático que habría comprometido datos personales de docentes, estudiantes y familias. Según el PSOE, el reconocimiento del incidente llega tras semanas de opacidad, y tras la remisión de una nota de prensa enviada por la propia consejera este martes.
“Con esa nota, Rocío Lucas no solo admite la gravedad del ciberataque, sino también que mintió ante el Pleno de las Cortes, lo que agrava aún más su responsabilidad política”, ha señalado Pablos. La Junta había presentado ya el pasado 3 de junio —una semana antes de la intervención de Lucas en el parlamento— una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos y ante la Guardia Civil de Valladolid, según reconoce ahora la propia consejería.
Desde el PSOE consideran “muy grave” tanto la filtración de datos de miles de ciudadanos como la ocultación del incidente a los representantes públicos y a la ciudadanía. “Es inaceptable que, conociendo la situación, la consejera afirmara en sede parlamentaria que no había existido tal ciberataque”, insiste Pablos.
El Grupo Socialista ha propuesto que la consejera comparezca en la Comisión de Educación si se habilita el mes de julio, o en su defecto, ante la Diputación Permanente. “La transparencia y la responsabilidad política no pueden esperar al próximo periodo de sesiones”, concluye.