La Junta defiende el regadío como motor de futuro del medio rural frente a las restricciones previstas en el nuevo Plan Hidrológico del Duero
Apuesta por un regadío sostenible que genere actividad económica, favorezca la incorporación de jóvenes y contribuya a fijar población
La Junta de Castilla y León ha reivindicado el papel estratégico de la agricultura de regadío como uno de los principales motores de desarrollo económico y social del medio rural, al presentar sus alegaciones al Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI), documento preparatorio del futuro Plan Hidrológico de la Demarcación del Duero 2028-2033.
El Gobierno autonómico considera que la nueva planificación hidrológica representa una oportunidad decisiva para impulsar la competitividad del sector agrario y garantizar el futuro de miles de explotaciones. Por ello, rechaza el enfoque que considera excesivamente restrictivo del documento inicial, especialmente en lo relativo a la reducción de dotaciones y limitaciones al uso del agua para regadío.
La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha defendido una estrategia basada en la modernización, la eficiencia y el aumento de la capacidad de regulación de la cuenca. Según ha señalado, la sostenibilidad no debe sustentarse únicamente en restricciones al consumo, sino también en inversiones en infraestructuras, nuevas obras hidráulicas y seguridad jurídica para los regantes.
Entre las principales propuestas presentadas por la Junta destaca la ampliación de la superficie de regadío en más de 43.000 hectáreas repartidas por distintas zonas de la Comunidad. Las actuaciones previstas incluyen nuevas áreas regables en Armuña, Lastras de Cuéllar, Valduerna, Arandilla, la margen izquierda del río Tera y los sectores Cea-Carrión, entre otras.
La Administración autonómica recuerda que Castilla y León cuenta actualmente con unas 550.000 hectáreas de regadío, equivalentes al 15 % de su superficie cultivable, una cifra inferior a la media nacional. Además, la capacidad de regulación de la cuenca del Duero se sitúa en torno al 30 %, muy por debajo de otras cuencas españolas.
En materia de aguas subterráneas, la Junta se opone a la aplicación de restricciones generalizadas para la renovación o modificación de concesiones. En su lugar, propone una evaluación individualizada basada en criterios técnicos y rechaza las reducciones automáticas de caudales asociadas a determinados cambios administrativos.
El Ejecutivo autonómico también alerta de las consecuencias económicas que podrían derivarse de algunas medidas contempladas en el EPTI. Según sus estimaciones, la imposibilidad de renovar determinadas concesiones podría provocar la transformación en secano de unas 32.000 hectáreas de cultivo, con pérdidas superiores a 17 millones de euros anuales y el riesgo de desaparición de más de 3.000 explotaciones agrarias.
Como alternativa, la Junta plantea avanzar en la sustitución progresiva de recursos subterráneos por aguas superficiales y propone la creación de una mesa de trabajo permanente entre las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas y la Confederación Hidrográfica del Duero para coordinar la gestión futura de estos aprovechamientos.
Asimismo, reclama que los ahorros de agua obtenidos gracias a la modernización de regadíos no se traduzcan en recortes de derechos concesionales, sino que sean reconocidos como una mejora de la eficiencia hídrica. Respecto a la contaminación difusa, apuesta por aplicar medidas únicamente en las masas de agua donde exista una afección demostrada y por reforzar herramientas de gestión agronómica como SATIVUM.
La Junta concluye sus alegaciones solicitando una gobernanza más eficaz del ciclo del agua, con compromisos presupuestarios concretos, calendarios de ejecución vinculantes y una mayor coordinación administrativa. También insiste en que los nuevos usos industriales y energéticos asociados a proyectos de energías renovables no deben comprometer la garantía de suministro para los usos agrarios ya existentes.
El debate sobre el futuro del agua en la cuenca del Duero vuelve así al centro de la agenda política y agraria, en un contexto marcado por la necesidad de compatibilizar la sostenibilidad ambiental con el desarrollo económico y la fijación de población en el medio rural.