La Junta de Castilla y León recurre ante el Supremo el decreto del Gobierno sobre la regularización de inmigrantes
La Junta de Castilla y León ha dado un paso más en su oposición al proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes impulsado por el Gobierno de España. El Ejecutivo autonómico ha anunciado que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado contra el Real Decreto de 14 de abril de 2026, al considerar que existen fundamentos jurídicos suficientes para cuestionar su legalidad.
El recurso fue registrado por los Servicios Jurídicos de la Junta el pasado 5 de junio, dentro del plazo legal establecido, y ha sido admitido mediante una diligencia de ordenación dictada el 22 de junio por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha defendido la decisión del Ejecutivo autonómico, asegurando que el decreto presenta "motivos jurídicos sólidos" que justifican su impugnación.
Entre los principales argumentos de la Junta figura la dimensión del proceso de regularización previsto por el Gobierno. Según expone, las primeras estimaciones hablaban de unos 500.000 posibles beneficiarios, una cifra que, según las previsiones más recientes, podría elevarse hasta 1,1 millones de personas, lo que, a juicio del Ejecutivo autonómico, supone una medida sin precedentes.
El Gobierno de Castilla y León también considera que la nueva regulación modifica los criterios aplicados en anteriores procesos extraordinarios de regularización, al prescindir, según sostiene, de requisitos como la acreditación de una residencia efectiva, el arraigo o una actividad laboral previa en España.
Otro de los aspectos que cuestiona la Junta es la flexibilización de los mecanismos de acreditación exigidos para acceder al proceso. En este sentido, critica que el nuevo sistema permita tramitar solicitudes sin disponer inicialmente de determinados documentos que tradicionalmente eran necesarios, como la certificación actualizada de antecedentes penales.
Asimismo, el Ejecutivo autonómico reprocha al Gobierno central no haber contado con las comunidades autónomas para elaborar una medida que, según advierte, puede tener un impacto directo sobre servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales, cuya gestión corresponde en gran medida a las autonomías.
La Junta también sostiene que el Real Decreto podría entrar en conflicto con el marco de compromisos asumidos por la Unión Europea en materia de política migratoria y control de fronteras, al entender que una regularización de estas características podría favorecer un "efecto llamada".
El Ejecutivo autonómico recuerda que el Tribunal Supremo ya rechazó el pasado mes de mayo suspender cautelarmente la aplicación del decreto tras recursos presentados por otra comunidad autónoma y un partido político. No obstante, señala que el Alto Tribunal continúa analizando nuevas solicitudes y estudia la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por una posible vulneración del derecho comunitario.
Desde la Junta confían en que, una vez analizado el fondo del asunto y el expediente administrativo aportado por el Estado, el Tribunal Supremo estime el recurso y declare la nulidad del Real Decreto.