La Junta de Castilla y León mantiene en niveles mínimos el riesgo de fraude en la gestión de los fondos europeos
La Consejería de Economía y Hacienda ha informado este jueves al Consejo de Gobierno sobre el contenido del cuarto informe anual del Plan General de Medidas Antifraude de la Administración General e Institucional de Castilla y León, un documento que analiza las actuaciones desarrolladas para prevenir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en la gestión de fondos públicos.
El informe concluye que el coeficiente total de riesgo objetivo se sitúa en los umbrales más bajos, lo que permite afirmar que el riesgo de fraude en la gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia está controlado dentro de la Administración autonómica.
El documento analiza tanto la evaluación inicial de riesgos como las medidas implantadas para la prevención, detección, corrección y persecución del fraude y la corrupción.
Según la Junta, los resultados reflejan que los mecanismos de control implantados funcionan correctamente y garantizan que los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) se utilizan conforme a la normativa vigente.
Además, los distintos departamentos de la Administración autonómica han reforzado sus procedimientos internos y han trasladado esta información al personal implicado en la gestión de estos recursos para asegurar el cumplimiento de las medidas antifraude.
Este es el cuarto informe anual elaborado desde que el Consejo de Gobierno aprobara en junio de 2022 el Plan General de Medidas Antifraude, un instrumento obligatorio para todas las administraciones y entidades que participan en la ejecución de actuaciones financiadas con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La Junta recuerda que la existencia de este plan constituye un requisito indispensable para gestionar los fondos europeos, ya que permite acreditar que los recursos públicos se administran con las garantías exigidas por la normativa comunitaria y nacional.
Gracias a la aplicación de estas medidas, el Ejecutivo autonómico sostiene que Castilla y León mantiene un sistema de control que minimiza el riesgo de fraude, corrupción y conflicto de intereses en la gestión de las ayudas procedentes de la Unión Europea.