El decreto regula con más detalle todas las cuestiones que conciernen a las agrupaciones y asociaciones voluntarios de protección civil y norma las cuestiones relativas a la adquisición, pérdida de la condición de voluntario, así como sus derechos y deberes.
Se incluye, a su vez, como requisito esencial para llevar a cabo sus actividades, la suscripción de un seguro de accidentes. Con este seguro se hace frente tanto a los riesgos en los que pueden verse inmersos los voluntarios en su actividad, como los daños que puedan causar a un tercero en sus actuaciones.
El decreto incide especialmente en la formación de las personas voluntarias, ya que la formación es uno de los aspectos más relevantes para conseguir una mayor capacitación, y por ende, una mayor eficacia en el cumplimiento de sus funciones. En este sentido el decreto distingue formación de carácter básico y de la especializada. La formación básica se configura como obligatoria, no pudiendo ser inferior a 16 horas, y necesariamente ha de versar en aspectos relativos al conocimiento del sistema de protección ciudadana, búsqueda y rescate de personas, las comunicaciones y transmisiones, nociones de asistencia psicológica y sanitaria en emergencias, entre otras.
El decreto regula, a su vez, las acreditaciones de los voluntarios, el equipamiento y la uniformidad, dotándoles de este modo de una imagen corporativa homogénea para toda la Comunidad.
En definitiva, con esta nueva norma se está reconociendo la importante labor del voluntariado de protección civil, dotando a sus organizaciones de un instrumento regulador mínimo y homogéneo que servirá, para impulsar la participación ciudadana en tareas de protección civil, que son tan relevantes para el sistema de protección ciudadana.
Actualmente Castila y León cuentan con 2.681 voluntarios de protección civil, se adjunta tabla de datos estadísticos provinciales.
En el año 2018 Castilla y León contaba con 2.404 voluntarios de protección civil actualmente con 2.681, lo que supone un 12 % más, este crecimiento se ha logrado gracias a la colaboración entre la Junta de Castilla y León y las entidades locales que han impulsado la creación de nuevas agrupaciones y asociaciones; y la incorporación de nuevos voluntarios a las ya existentes.
