Otro "incendio" en la Junta: denuncian que prescinde de 100 celadores de Medio Ambiente en los operativos de extinción
El colectivo alerta de un “desmantelamiento encubierto” del operativo, justo cuando provincias como León o Zamora arrastran cifras récord de hectáreas calcinadas, y exigen explicaciones urgentes a la Consejería de Suárez-Quiñones
La organización de los operativos de prevención y extinción de incendios forestales en Castilla y León vuelve a situarse en el centro de la controversia. La Asociación de Celadores y Celadoras de Medio Ambiente ha denunciado públicamente que la Junta prescinde de más de un centenar de estos profesionales en la estructura de respuesta frente al fuego, una decisión que interpreta como un “desmantelamiento encubierto” de funciones esenciales dentro del dispositivo autonómico.
La denuncia llega en un momento especialmente sensible. Apenas han transcurrido unos meses desde que provincias como León y Zamora cerraran uno de los peores ejercicios para incendios forestales de su historia reciente. En ese contexto, el colectivo de celadores advierte de que la Administración autonómica, lejos de reforzar el operativo tras la magnitud de los últimos incendios, reduce la presencia de un personal que desempeña tareas de vigilancia, coordinación y conocimiento directo del medio natural. Subrayan que se trata de una figura con implantación territorial y experiencia sobre el terreno, especialmente relevante en las primeras fases de detección y organización de la respuesta.
El origen inmediato de este conflicto se sitúa en una sentencia judicial promovida por el sindicato USCAL. La resolución establece que el personal laboral fijo, condición que actualmente tienen los celadores de Medio Ambiente, no puede asumir funciones de jefe de extinción, al tratarse de una competencia reservada a personal funcionario.
Sin embargo, los afectados sostienen que la interpretación que se está haciendo de ese fallo va más allá de lo estrictamente judicial. Según denuncian, la aplicación práctica de la resolución está sirviendo para desplazarles de manera progresiva de cometidos que venían desarrollando dentro del operativo, lo que a su juicio supone una alteración profunda de la estructura de intervención en incendios forestales.
La crítica adquiere una dimensión política directa porque se produce bajo la responsabilidad de la Consejería de Medio Ambiente, dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones, a quien el colectivo exige explicaciones urgentes. La reclamación apunta también a la necesidad de aclarar cuál será el papel futuro de estos profesionales en la campaña de alto riesgo.
La polémica se suma además a otro frente que afecta a la gestión ambiental del Ejecutivo autonómico. El propio Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha reconocido que cuatro de cada diez denuncias ambientales no se tramitaron o acabaron caducando, un dato que alimenta las críticas de quienes consideran que existe una pérdida progresiva de capacidad de control y vigilancia en materia medioambiental.
Para los celadores, la preocupación no se limita a una cuestión laboral. Insisten en que la reducción de efectivos en tareas de extinción y coordinación puede afectar a la eficacia global del operativo, especialmente en una comunidad autónoma donde la dimensión forestal y la recurrencia de grandes incendios convierten cada campaña en un examen decisivo para la administración pública.