El Gobierno destinará a Castilla y León 3.608.573,85 euros con el objetivo de asegurar la accesibilidad a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El último Consejo de Ministros ha materializado este compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a través de un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla, 50 millones en total, para el desarrollo de actuaciones de la inversión «Nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia».
Enmarcadas dentro del PRTR, en el “Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión”, y dentro de la línea de inversión Plan España País Accesible, estas aportaciones serán repartidas entre las comunidades y ciudades autónomas conforme a los criterios de distribución aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Las administraciones beneficiarias, en coordinación con la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, desarrollarán actuaciones tanto de accesibilidad universal mediante ayudas a particulares y comunidades de propietarias y propietarios, como actuaciones de accesibilidad en el interior de las viviendas, entre otras.
Evitar abandonos del hogar
La pandemia de la COVID-19 ha situado en una posición de extrema gravedad a 100.000 personas mayores, con discapacidad y en situación de dependencia, que viven en comunidades de propietarios, carentes de medidas de accesibilidad para salir a un centro de día, a dar un paseo o, incluso, a ir a un hospital.
Además, muchas de estas viviendas carecen de ducha adaptada. Todos estos factores obligan a estas personas a vivir en situaciones de precariedad, inseguridad e insalubridad, que en ocasiones les llevan a tener que abandonar sus casas, sus pueblos o sus barrios, al margen de su voluntad, para vivir en un entorno institucionalizado.
Este Real Decreto conecta igualmente con la consecución de la reforma que pretende impulsar cambios en el modelo de apoyos y cuidados de larga duración, promoviendo una Estrategia Nacional de Desinstitucionalización y la implantación de un modelo de Atención Centrada en la Persona.
