El ECyL financiará 72 contratos para desempleados con especiales dificultades de inserción
La Junta de Castilla y León ha aprobado una nueva línea de ayudas dotada con 720.000 euros para fomentar la contratación temporal de personas desempleadas pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables. La medida, gestionada por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), permitirá financiar 72 contratos de trabajo a través de 36 entidades sin ánimo de lucro durante el ejercicio 2026.
El objetivo de esta convocatoria es favorecer la inserción laboral de personas con mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo mediante su participación en obras y servicios de interés general y social desarrollados en la Comunidad.
Las subvenciones están dirigidas a entidades sin ánimo de lucro que contraten, a jornada completa, a personas desempleadas o beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía y/o del Ingreso Mínimo Vital. Cada contrato subvencionado deberá tener una duración inicial mínima de seis meses y contará con una ayuda de 10.000 euros, con un máximo de diez contratos financiados por entidad.
La iniciativa pretende mejorar la empleabilidad de los colectivos más afectados por el desempleo, facilitando la adquisición de experiencia laboral y favoreciendo su acceso posterior a un empleo estable.
Entre los beneficiarios potenciales de estos contratos se encuentran los desempleados de larga duración, las personas mayores de 45 años, las víctimas de violencia de género, las personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional, quienes tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, los jóvenes menores de 30 años con expediente de protección acreditado por la Gerencia de Servicios Sociales y las personas beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía o del Ingreso Mínimo Vital.
Con esta convocatoria, la Junta de Castilla y León refuerza sus políticas activas de empleo dirigidas a los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral, al tiempo que apoya el trabajo que desarrollan las entidades sociales en la prestación de servicios de interés general en toda la comunidad.