El Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León pide estabilidad fiscal y medidas estructurales en vivienda para garantizar la actividad empresarial
El organismo muestra su preocupación por la incertidumbre del decreto del Gobierno y reclama claridad, seguridad jurídica y una estrategia a largo plazo para empresas y sectores productivos
El Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León ha trasladado su profunda preocupación por la incertidumbre generada por el decreto de medidas fiscales aprobado por el Gobierno, al considerar que, pese a incluir rebajas fiscales, introduce inestabilidad en un momento clave para la economía marcado por los conflictos internacionales y la volatilidad de los mercados.
El organismo advierte de que el actual contexto, con incremento de los costes operativos, inestabilidad energética y presión sobre sectores estratégicos como el transporte, la industria, la agricultura o la logística, requiere un marco normativo claro y previsible. Por ello, reclama al Ejecutivo mayor claridad sobre el alcance real del decreto, su duración, los criterios de aplicación y los escenarios en caso de no convalidación, ya que esta falta de certidumbre afecta directamente a decisiones empresariales como la inversión o la contratación.
En este sentido, el Consejo insiste en que el tejido empresarial necesita seguridad jurídica y una visión de largo plazo, además de reforzar el diálogo institucional para adaptar las medidas fiscales a las necesidades reales de pymes y autónomos. Entre sus peticiones, destaca la deflactación del IRPF como herramienta para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación, al tiempo que confía en que la Junta de Castilla y León impulse iniciativas que ayuden a paliar la situación económica regional.
En paralelo, el organismo subraya que la política de vivienda debe abordarse como un pilar estructural para el desarrollo económico y social, reclamando también en este ámbito estabilidad regulatoria y planificación estratégica. Entre las medidas prioritarias, señala la necesidad de incrementar la oferta de suelo para vivienda asequible, agilizar los trámites urbanísticos, reforzar la seguridad jurídica en el alquiler y apostar por la industrialización y digitalización del sector.
Asimismo, el Consejo apuesta por fortalecer la colaboración público-privada como vía para dinamizar el mercado de la vivienda, atraer inversión y favorecer la fijación de población en Castilla y León. Todas estas líneas, apunta, deben integrarse en un marco coherente que complemente la política fiscal y contribuya a un entorno económico más sólido, estable y predecible.