Castilla y León se suma a la ofensiva contra el Gobierno por el informe del lobo ibérico

La tensión entre varias comunidades autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) vuelve a escalar alrededor de la gestión del lobo ibérico. Un total de catorce gobiernos autonómicos han anunciado nuevas acciones judiciales contra el Ejecutivo central tras denunciar el bloqueo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, órgano imprescindible para aprobar y remitir a Bruselas el informe sexenal sobre el estado de conservación de distintas especies protegidas.

El conflicto gira en torno a la obligación que tienen todos los Estados miembros de la Unión Europea de enviar cada seis años un informe técnico sobre las especies incluidas en la Directiva Hábitats de 1992, entre ellas el lobo ibérico. El plazo oficial expiró el 31 de julio de 2025 y España sigue sin remitir la documentación, una situación que ya ha provocado la apertura de un procedimiento sancionador por parte de la Comisión Europea.

Las autonomías críticas con la gestión del Ministerio sostienen que el problema no radica en la elaboración técnica del informe, sino en la negativa del MITERD a convocar la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, paso necesario para validar el documento antes de su envío oficial a Bruselas.

Según recuerdan las comunidades, la normativa interna obliga al Ministerio a convocar esta reunión cuando lo solicita al menos un tercio de sus miembros, algo que aseguran que ya ha ocurrido en varias ocasiones desde julio de 2025. Entre las autonomías firmantes figuran Castilla y León, Galicia, Andalucía, Cantabria, Aragón, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura o Canarias, entre otras.

Las regiones denuncian que, pese a las peticiones formales realizadas durante los últimos meses, el Ministerio continúa sin fijar fecha para la reunión y acusan al Gobierno de incumplir tanto la normativa española como las obligaciones europeas en materia de biodiversidad.

Además, rechazan los argumentos utilizados hasta ahora por el MITERD para justificar el retraso. Entre ellos, mencionan la referencia a los incendios forestales de 2025 —cuando el informe analiza el periodo 2019-2024—, el recurso de inconstitucionalidad planteado contra varios artículos de la Ley 1/2025 o la supuesta existencia de una prórroga concedida por Bruselas, algo que las comunidades niegan recordando que la Comisión Europea ya ha iniciado un expediente sancionador precisamente por la falta de entrega del documento.

Uno de los puntos más polémicos del enfrentamiento se centra en el estado de conservación del lobo ibérico. El Ministerio sostiene que la especie todavía no alcanza un estado favorable de conservación y apunta a la necesidad de contar con unas 500 manadas en España frente a las aproximadamente 333 actuales.

Sin embargo, las comunidades rechazan ese criterio y aseguran que la Comisión Europea nunca ha fijado oficialmente esa cifra como referencia obligatoria. Además, consideran “inaceptable” que el Ministerio haya cuestionado públicamente el trabajo técnico desarrollado por los profesionales autonómicos, especialmente cuando el propio censo nacional del lobo ha sido coordinado por equipos del propio MITERD.

Las autonomías también recuerdan que durante el sexenio 2007-2012 el estado de conservación del lobo fue considerado favorable con una población inferior y una distribución menor a la actual, por lo que acusan al Ministerio de reinterpretar ahora los criterios “de manera subjetiva e ideológica”.

El conflicto institucional sigue abierto mientras Bruselas continúa esperando la remisión oficial del informe por parte de España. De hecho, la Comisión Europea confirmó el pasado 9 de abril de 2026 a la Consejería de Desarrollo Rural de Cantabria que el documento sigue pendiente de entrega.

Todo ello deja ahora un nuevo escenario judicial y político alrededor de la gestión del lobo ibérico, convertido nuevamente en uno de los grandes focos de enfrentamiento entre el Gobierno central y buena parte de las comunidades autónomas.