CGT exige a la Consejería de Educación medidas para la atención educativa del alumnado inmigrante y refugiado
En CGT preocupa la atención educativa que se dará a los jóvenes y niños refugiados ucranianos a causa de la guerra. Castilla y León ya cuentan con 1120 refugiados ucranianos, de los que 270 son menores escolarizados, 12 de ellos en Zamora y el número aumentará en los próximos meses.
Desde CGT venimos denunciado desde hace años la situación en que se encuentra el alumnado inmigrante: no conoce bien el idioma, la cultura y la forma de vida, lo cual repercute inevitablemente en dificultades escolares y de integración. En este estado de máxima vulnerabilidad precisa de todo tipo de recursos y medios para integrarse tanto en lo educativo como en la sociedad.
“La acogida debe aportar algo más que las buenas palabras y grandes intenciones que están manifestando el Estado Español y la Consejería de Educación. Se ha oído recientemente a altos cargos de la Junta de Castilla y León decir que la respuesta está siendo rápida y eficiente, pero desde luego no es el caso en materia educativa”, han dicho.
Por ello, CGT ha trasladado a la Consejería de Educación algunas propuestas y líneas de trabajo, así como la solicitud de recursos que son necesarios en los centros educativos. Algunas de estas medidas pasan por habilitar personal cualificado que imparta formación lingüística básica en el momento inicial de su escolarización, reforzar las plantillas de personal de Pedagogía Terapéutica y Equipos de Orientación, abrir formaciones específicas para los docentes y crear y recopilar materiales adaptados y firmar convenios con asociaciones que trabajan con población inmigrante y así conseguir que el alumno pueda participar de una vida social en otros ambientes y pueda alcanzar una integración plena y satisfactoria.
"Ante estas dificultades, no puede olvidarse el mundo rural. Un pilar básico de la propuesta es garantizar esta atención educativa en la zona rural con un plan que contemple los recursos necesarios en al menos un centro que sea cabeza comarcal", han explicado desde la organización.
Y es que, han asegurado que "en esta escolarización deben colaborar todos, centros públicos y concertados. Los centros concertados no pueden alimentar la segregación para mantener su burbuja social y seguir sin asumir sus deberes mientras son subvencionados con el dinero de todos".
CGT exige a la Consejería de Educación una política clara, específica y comprometida para la población inmigrante. Son innegables hoy en día los problemas para promocionar y titular -y de manera general para integrarse- que resultan de una escasa cualificación educativa. Si se reincide en los mismos errores y no se introducen cambios, solo profundizaremos en la exclusión y marginación de la población inmigrante.