Castilla y León sumará siete fiscales dentro de la mayor ampliación del Ministerio Fiscal
El Gobierno de España ha anunciado la creación de 7 nuevas plazas fiscales en Castilla y León, dentro de un plan nacional que contempla la incorporación de 200 nuevas plazas de fiscales en 2026, la mayor ampliación de la plantilla del Ministerio Fiscal hasta la fecha.
El anuncio ha sido realizado este lunes por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha presentado la propuesta de distribución territorial de estas plazas, elaborada en función de la carga de trabajo y el dimensionamiento de las plantillas existentes.
Con esta medida, la plantilla del Ministerio Fiscal pasará de 2.804 a 3.004 plazas, lo que supone un incremento global del 7,13%.
En el caso de Castilla y León, la creación de estas 7 nuevas plazas supondrá un aumento del 5,07% de su plantilla actual, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta del sistema judicial en la comunidad autónoma.
El Ministerio ha destacado que las plazas se crearán en todas las comunidades autónomas y órganos centrales, dentro de una estrategia de modernización y refuerzo del Servicio Público de Justicia.
Este anuncio se suma a la creación de 19 nuevas plazas de jueces en Castilla y León, lo que constituye la mayor ampliación de la planta judicial en la historia de la comunidad.
Estas plazas permitirán reforzar tribunales de instancia, audiencias provinciales y el Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso de transformación del sistema judicial.
El Gobierno invertirá más de 22,5 millones de euros en la creación de estas 200 plazas fiscales a nivel nacional. Según el Ministerio, esta ampliación supone un hito dentro de la modernización de la Justicia, facilitada por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un modelo organizativo más ágil y eficiente.
Desde el Ejecutivo se subraya que el nuevo sistema permite reducir costes y mejorar la capacidad operativa del sistema judicial en comparación con el modelo tradicional.
El proceso para la aprobación definitiva del Real Decreto que regula estas plazas se inicia ahora en el Consejo de Ministros, paso previo a su puesta en marcha.
Con esta medida, el Gobierno afirma dar un impulso histórico al refuerzo de la Justicia en España, con especial impacto en territorios como Castilla y León.