Castilla y León recibe 13 millones para violencia de género y apoyo a víctimas
El Gobierno ha aprobado una inversión de más de 13 millones de euros para Castilla y León destinada a la lucha contra la violencia de género, dentro del reparto estatal acordado en la Conferencia Sectorial de Igualdad, que asciende a 179,8 millones de euros.
Los 13 millones de euros que recibirá Castilla y León están destinados a dos grandes áreas. Por una parte, 11,8 millones de euros se dirigirán al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Esta partida forma parte de un fondo global de 160 millones de euros, distribuido entre las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, y destinado a financiar programas de lucha contra la violencia de género y otras violencias machistas contempladas en el Pacto, que serán desarrollados por las administraciones autonómicas en el ejercicio de sus competencias durante 2026.
A través de este fondo finalista, el Gobierno garantiza su compromiso económico para asegurar la estabilidad y continuidad de las políticas públicas y de los servicios vinculados al Pacto de Estado, consolidando así la respuesta frente a la violencia contra las mujeres en todo el territorio.
El objetivo es avanzar hacia una respuesta integral, eficaz y coordinada entre todas las instituciones implicadas, así como mantener y reforzar la red de recursos, servicios y prestaciones destinadas a la protección, asistencia, apoyo, recuperación y reparación de las víctimas. Asimismo, se impulsan acciones de sensibilización y prevención, junto al refuerzo de la formación de los profesionales que trabajan con víctimas, para garantizar la mejor respuesta institucional.
Programas autonómicos
Por otro lado, los 1,2 millones de euros restantes se destinarán a programas y planes autonómicos específicos dirigidos a víctimas de violencia de género y violencias sexuales.
En el conjunto del Estado, se asignarán 19,8 millones de euros a estos programas, incluidos en el presupuesto de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que permitirán desarrollar cuatro líneas de actuación a lo largo de 2026.
Entre ellas destacan los programas para garantizar el derecho a la asistencia social integral de las mujeres víctimas y sus hijos e hijas menores; iniciativas para mejorar la coordinación institucional y la puesta en marcha de planes personalizados de atención; así como medidas de apoyo a víctimas de agresiones sexuales y de prevención de la explotación sexual de menores tuteladas.