Castilla y León no participa en el programa de rejuvenecimiento académico del Gobierno
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha alcanzado un acuerdo con 16 comunidades autónomas para poner en marcha el 'Programa María Goyri', que contempla la creación de 4.480 plazas de profesor ayudante doctor en las universidades públicas. Este plan busca rejuvenecer las plantillas académicas y combatir la precariedad laboral en el ámbito universitario, una problemática que se ha agravado en los últimos años debido a los recortes presupuestarios.
Según lo anunciado por el Ministerio, el Ejecutivo central financiará 2.705 de estas plazas durante los próximos seis años, mientras que las comunidades autónomas aportarán los recursos necesarios para cubrir las 1.775 plazas restantes. Entre las regiones que han firmado el convenio destacan Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Navarra y Región de Murcia.
Sin embargo, Castilla y León no figura entre las comunidades que participan en este acuerdo. Hasta el momento, la Junta de Castilla y León no se ha pronunciado sobre su adhesión al programa, lo que deja a las universidades de la región fuera de esta iniciativa de carácter nacional. Este hecho supone que, al menos por ahora, los centros públicos de Castilla y León no podrán beneficiarse de las oportunidades que plantea el 'Programa María Goyri' para fortalecer sus plantillas y atraer talento jóven.
El objetivo del programa es rejuvenecer las plantillas de las universidades y erradicar una situación de precariedad inadmisible. Junto con el compromiso del Gobierno supone una inversión de más de 900 millones de euros en los próximos seis años para financiar estas plazas a nivel nacional.
La ausencia de Castilla y León en este acuerdo ha generado incertidumbre en el ámbito académico regional. Profesores y estudiantes han mostrado su preocupación por las implicaciones de esta exclusión, que podría afectar negativamente a la competitividad y calidad de las universidades públicas de la región. Por su parte, la Junta de Castilla y León no ha emitido declaraciones respecto a las razones de su falta de adhesión ni sobre posibles planes futuros para abordar esta situación.