ASAJA, UCCL y UPA-COAG reclaman prórroga de contratos lácteos y denuncian presiones
Las organizaciones agrarias alertan de bajadas de hasta el 14% en el precio de la leche y reclaman garantizar la recogida del producto mientras se negocian los nuevos acuerdos, ante el riesgo de bloqueo para cientos de explotaciones en Castilla y León
El sector ganadero de Castilla y León ha elevado el tono frente a la industria láctea ante una negociación que consideran “precipitada y desequilibrada”. Las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, UCCL y la Alianza UPA-COAG han solicitado de forma conjunta una prórroga de al menos quince días, hasta mediados de abril, para cerrar los contratos que vencen este 31 de marzo, con el objetivo de garantizar la recogida de leche y evitar situaciones de presión sobre los productores.
Las OPA denuncian que las industrias han apurado los plazos hasta el último momento y que, además, están trasladando sus ofertas de forma verbal y no por escrito, una práctica que, a su juicio, genera inseguridad y dificulta una negociación transparente. Según trasladan, estas propuestas incluyen rebajas de hasta el 14% sobre un precio de referencia actual en torno a 52 céntimos por litro, lo que supondría un golpe directo a la rentabilidad de las explotaciones.
En este contexto, advierten de que la naturaleza perecedera de la leche coloca a los ganaderos en una posición de debilidad, ya que la falta de contrato en vigor podría traducirse en la no recogida del producto a partir del 1 de abril. Las organizaciones califican este escenario de “chantaje” y alertan de que desvirtúa el espíritu de la Ley de la Cadena Alimentaria, concebida precisamente para equilibrar las relaciones entre productores e industria.
Entre sus reivindicaciones, el sector exige que se mantenga la recogida de toda la leche mientras continúan las negociaciones, que las ofertas se formalicen por escrito y que el precio que finalmente se acuerde tenga carácter retroactivo desde el 1 de abril.
Ante la dimensión del conflicto, las organizaciones agrarias reclaman la implicación directa de las administraciones públicas, tanto del Estado como de la Junta de Castilla y León, para que ejerzan labores de mediación y supervisión. En concreto, piden que se vigile el cumplimiento de la normativa vigente y que se eviten posibles prácticas de fijación de precios entre grandes operadores.
El sector también interpela a la industria láctea y a la gran distribución para que adopten una visión a medio y largo plazo, frente a decisiones coyunturales que, en un contexto de excedentes puntuales en algunos países de la Unión Europea, podrían comprometer la viabilidad estructural de las explotaciones ganaderas.