Según señalan, la gestión de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal está poniendo en riesgo la seguridad de los intervinientes por una “falta de previsión en las contrataciones” y una preocupante descoordinación entre Función Pública y Medio Ambiente. Como consecuencia, en puestos clave del operativo se están incorporando personas sin experiencia ni formación específica para actuar en emergencias de alto riesgo como los incendios forestales.
En los Centros Provinciales de Mando, donde se toman las decisiones estratégicas, los Jefes de Jornada (JJ) activan medios y dotaciones sin comprobar, denuncian, que estas cumplan los requisitos de capacitación exigidos por el Plan INFOCAL. Una carencia que, según APAMCYL, detectan los propios Agentes Medioambientales, primer eslabón en la cadena de mando, y que supone “un incumplimiento directo de las competencias de supervisión, poniendo en riesgo innecesario a los trabajadores”.
La organización critica también el “alejamiento” de los técnicos intermedios de la realidad del operativo, lo que impide conocer la disponibilidad y preparación reales de los equipos. En un contexto de incendios cada vez más peligrosos y exigentes, esta desconexión resulta, según el sindicato, especialmente grave.
El escenario actual —con un mes de agosto marcado por la acumulación de combustible fino tras las lluvias primaverales— estaba previsto, pero, lamentan, “otro verano más hablamos de lo mismo: falta de gestión forestal, desprofesionalización del operativo y mala gestión de los recursos económicos”.
Entre las críticas, destacan la eliminación de torres de vigilancia sustituidas por cámaras gestionadas por empresas urbanas, el alquiler de camiones de bomberos a compañías privadas de fuera de la comunidad, el maltrato laboral a trabajadores de cuadrillas privadas y la inactividad de tres helicópteros hasta finales de julio por problemas de dotación.
APAMCYL denuncia, además, jornadas maratonianas de hasta 20 horas para el personal en extinción directa —muy por encima del límite legal de 12 horas—, con el consiguiente riesgo de accidentes y desmotivación. También apuntan a la falta de formación reglada y homogénea para conductores, peones y agentes medioambientales que, en algunos casos, asumen jefaturas de extinción recién incorporados y sin experiencia suficiente.
El sindicato exige la creación de protocolos de formación claros y comunes para todo el personal del operativo, reafirmando su compromiso con “la seguridad de los profesionales y la defensa de un servicio público de prevención y extinción de incendios forestales de calidad, eficaz y seguro”.
