La Abogacía de Castilla y León reclama desde Zamora agilizar la aplicación de la Ley de Eficiencia
Tras el encuentro celebrado en Zamora, los letrados alertan de los retrasos judiciales que ha provocado la aplicación de la nueva norma y las desigualdades territoriales sobre los derechos de los ciudadanos que conlleva la comarcalización
El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) elevará al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) las conclusiones del V Congreso de la Abogacía de Castilla y León, celebrado en Zamora entre el 27 y el 29 de mayo, en las que reclama una aplicación más ágil y eficaz de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y una regulación que garantice un uso seguro de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico.
El documento, aprobado durante el último Pleno del año judicial celebrado en El Burgo de Osma (Soria), será remitido a la Comisión para la Calidad del Servicio Público de Justicia, órgano autonómico presidido por el TSJCyL, con el objetivo de contribuir a la mejora del sistema judicial.
El presidente del CACYL, Fernando Rodríguez Santocildes, destacó que la abogacía debe desempeñar un papel activo en los procesos de reforma de la Justicia. "La abogacía tiene mucho que aportar a la mejora del servicio público de Justicia y es fundamental que su experiencia y conocimiento sean escuchados en los procesos de reforma y modernización", afirmó.
Preocupación por la aplicación de la Ley de Eficiencia
Uno de los principales asuntos analizados durante el congreso celebrado en Zamora fue la implantación de la Ley de Eficiencia, cuya aplicación progresiva ha generado, según los profesionales, importantes dificultades organizativas y técnicas.
Las conclusiones reflejan una "desconexión" entre los objetivos planteados por la norma y la realidad diaria de los juzgados. Entre los problemas detectados figuran los retrasos derivados de la reorganización judicial y las desigualdades territoriales provocadas por los procesos de especialización y comarcalización, circunstancias que, según advierte la abogacía, pueden dificultar el acceso de los ciudadanos a la Justicia, especialmente en el medio rural.
La preocupación es especialmente significativa en ámbitos como la violencia de género y la asistencia jurídica gratuita, donde la concentración de determinados servicios podría alejar a las víctimas de los órganos judiciales especializados y reducir la atención de proximidad.
Una regulación clara para la inteligencia artificial
La inteligencia artificial fue otro de los grandes ejes del congreso celebrado en Zamora. Los abogados consideran imprescindible avanzar hacia un marco regulatorio que permita aprovechar las ventajas de estas herramientas sin comprometer derechos fundamentales como la confidencialidad, la independencia profesional o la protección de datos.
Asimismo, defienden la necesidad de reforzar la formación de los profesionales y garantizar que cualquier sistema de inteligencia artificial cuente siempre con supervisión humana.
El presidente de la Comisión de Formación del CACYL y decano del Colegio de Abogados de Palencia, Miguel Hermosa, recordó que la Unión Europea ya dispone del AI Act, cuya implantación continúa adaptándose mediante nuevas medidas para facilitar su aplicación y reforzar la protección frente a riesgos como los deepfakes.
Salud mental y cooperación con Portugal
Además de los retos tecnológicos y organizativos, el congreso celebrado en Zamora también puso el foco en la necesidad de proteger la salud mental de los abogados y mantener una atención cercana y personalizada a los clientes.
El encuentro sirvió igualmente para estrechar la colaboración entre la abogacía española y portuguesa. Ambas delegaciones acordaron trabajar en la creación de protocolos conjuntos y bolsas de letrados que faciliten la asistencia jurídica transfronteriza, así como impulsar proyectos comunes en materias como la justicia gratuita, los accidentes de tráfico y la aplicación de la inteligencia artificial al ejercicio de la profesión.