Según ha informado el actual equipo de gobierno, las irregularidades derivan de un "acuerdo verbal e ilegal" alcanzado por el PSOE que incumplía la normativa y no fue comunicado al nuevo ejecutivo local tras el cambio de administración.
Desde el Ayuntamiento se asegura que las guardias extras se han abonado regularmente hasta que los bomberos manifestaron su desacuerdo con las cantidades percibidas y decidieron dejar de firmar los partes de trabajo que justificaban dichos pagos. Ante esta situación, el gobierno actual revisó el sistema de retribuciones para ajustarlo al Reglamento vigente.
El Ayuntamiento ha calificado la actuación del anterior equipo de gobierno como un "chanchullo", señalando que los pagos se realizaron de forma opaca, sin dejar constancia oficial ni respaldo en la Mesa General de Negociación. Además, ningún trabajador habría asumido la responsabilidad de dicho acuerdo.
El gobierno municipal explicó que el proceso de revisión ha sido complejo debido a las diferencias detectadas en los informes remitidos desde el parque de bomberos. Estas variaciones, que alcanzan los 25.000 euros, han ralentizado los trabajos del Departamento de Personal, cuya capacidad operativa se ha visto afectada por traslados de plantilla y el proceso de estabilización laboral en el Ayuntamiento.
A pesar de estas dificultades, el equipo de gobierno aseguró a los bomberos que se efectuará el pago conforme a la normativa vigente y en función de las disponibilidades presupuestarias. Para ello, en las cuentas de 2025 ya se contempla una partida específica destinada a regularizar estas cantidades pendientes.
El equipo de gobierno ha sido contundente al responsabilizar al PSOE de la situación actual, acusándolo de una gestión negligente y de haber actuado "bajo cuerda". Según el Ayuntamiento, si el anterior ejecutivo hubiera negociado las condiciones de las horas extras de manera transparente y conforme a la normativa, se habría evitado el conflicto actual.
Por su parte, el actual gobierno municipal reitera su compromiso de resolver el problema "con la Ley en la mano" y de garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro.
