La Plataforma en Defensa de la Tierra de Tábara solicita a las administraciones una mayor implicación con los habitantes de la comarca ante la invasión de los proyectos de plantas fotovoltaicas que pretenden instalarse en la zona. Aprovechando la visita de varios representantes, desde la plataforma piden que las promesas pasen a convertirse en hechos.
"Hoy se hacen las fotos y nos dicen a todos que son grandes defensores de nuestra tierra, que les preocupa el futuro de los habitantes de la zona, que harán lo que esté en su mano para solucionar el problema de la sanidad, las telecomunicaciones, la despoblación… lo de siempre, promesas que nunca llegan a materializarse".
Hace apenas un mes desde la Junta de Castilla y León se nos garantizaba que se aplicaría la normativa minuciosamente, en todos los sentidos, especialmente en cuanto a la fragmentación de proyectos, para la concesión de las licencias a los proyectos fotovoltaicos y una vez más nos engañaron, los proyectos planteados en Pozuelo de Tábara y Moreruela de Tábara son una fragmentación de proyectos de libro. Las empresas creadas para despistar no solo pertenecen al mismo grupo empresarial, sino que, todas ellas tienen el mismo administrador único y el mismo domicilio fiscal que casualmente comparten también con IGNIS ENERGIA, S.L. Por si fuera poco, los anteproyectos, son presentados en su totalidad por IGNIS ENERGIA, S.L, empresa que en numerosas ocasiones y en diferentes medios de comunicación se ha referido a estas instalaciones como “uno de los Parques Fotovoltaicos más grandes de Castilla y León”. Si atendemos a las distancias entre “parques” y a que todos comparten línea de evacuación ya no cabe duda de que la división es una artimaña empresarial digna de una empresa con pocos escrúpulos y ningún interés en el futuro de los habitantes de la zona.
Por otro lado, estamos a la espera de la publicación en el BOCYL de la autorización ambiental de dos de los “Parques” proyectados para que nuestro equipo legal comience las actuaciones que considere oportunas pues consideramos que una vez más, por parte de la Junta de Castilla y León, no se está aplicando la legislación rigurosamente, pues han transcurrido más de 6 meses desde la solicitud, febrero de 2021, sin haber obtenido en ese tiempo la aprobación oportuna y dado que el silencio administrativo es negativo en este caso hubiese sido preciso que se iniciara de nuevo el expediente de solicitud, como se le habría exigido a cualquier ciudadano.
No nos vamos a dejar pisar y vamos a exigir que se cumpla la legislación vigente, empezando por la Ley Agraria, esa gran desconocida por las Administraciones cuando les conviene.
