Movilización en Valladolid el 21 de febrero: la Plataforma la Sanidad de Tábara se adhiere para frenar la privatización sanitaria

Plataforma Tábara

El colectivo agradece el impulso del Gobierno y el paso dado por la ministra de Sanidad, Mónica García, para blindar la gestión pública de los hospitales frente a la privatización

La Plataforma por una Sanidad Pública Digna de la Zona Básica de Salud de Tábara ha querido reconocer públicamente el “paso importante” dado por el Gobierno central con la aprobación del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, una norma que nace con un objetivo claro: poner freno a la privatización de los hospitales públicos y revertir una tendencia que ha llevado a que uno de cada tres hospitales del sistema público esté gestionado por empresas privadas.

El texto, aprobado el pasado 10 de febrero por el Ministerio de Sanidad, sustituirá a la ley de 1997 impulsada durante el Gobierno de José María Aznar, considerada el punto de partida de la expansión del modelo de gestión privada dentro de la sanidad pública.

Más controles y justificación obligatoria para privatizar

La nueva ley introduce requisitos adicionales para las comunidades autónomas que pretendan externalizar la gestión de un hospital público. Cualquier propuesta deberá ir acompañada de un informe justificativo, que será evaluado por un comité independiente de expertos y técnicos, con el fin de acreditar la necesidad real de esa privatización.

Además, la norma establece que se prioricen los conciertos con entidades sin ánimo de lucro, frente a empresas privadas cuyo objetivo sea el beneficio económico. En la práctica, el anteproyecto busca limitar el modelo de grandes grupos especializados en la gestión privada de hospitales públicos, como Quirón o Ribera Salud.

“La sanidad no se vende, se defiende”

La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la iniciativa tras el Consejo de Ministros con un mensaje contundente: “Vamos a proteger la sanidad de las garras especuladoras”. García explicó que la ley responde a años de prácticas que ha calificado de “absolutamente obscenas” dentro del sistema sanitario público.

En su intervención recordó declaraciones de directivos del sector privado que vinculaban directamente la rentabilidad empresarial al aumento de las listas de espera, así como la existencia de audios internos en los que se hablaba sin tapujos de inflar demoras, citar pacientes de madrugada o reutilizar material sanitario para reducir costes, con el consiguiente riesgo para la seguridad y la calidad asistencial.

El peso creciente de la gestión privada

Los datos oficiales avalan el cambio legislativo. En la última década, el número de hospitales privados integrados en la red pública ha crecido un 36,8%, pasando de 106 en 2011 a 145 en 2023. Actualmente, el 30,7% de los hospitales del Sistema Nacional de Salud tiene dependencia funcional privada.

El informe del Ministerio también refleja que el gasto en este tipo de centros ha aumentado un 84,6% entre 2011 y 2023. La proporción de camas hospitalarias privadas dentro del SNS ha pasado del 13% al 17,8%, y la de quirófanos del 8% al 10,7%.

A ello se suma la derivación creciente de pruebas y tratamientos a centros privados: en 2023, el 34,6% de las estancias hospitalarias y el 17,6% de las altas en hospitales de gestión privada no integrados en el sistema público fueron financiadas con fondos públicos.

Movilización en defensa de la sanidad pública

En este contexto, la Plataforma por una Sanidad Pública Digna de la ZBS de Tábara ha anunciado su participación en la concentración autonómica del próximo sábado 21 en Valladolid, junto a otras plataformas de Castilla y León. Para facilitar la asistencia, se ha organizado un autobús gratuito con salida desde Tábara a las 10.00 horas.

Desde la plataforma han agradecido el respaldo continuado de la ciudadanía y de los medios de comunicación, subrayando que la movilización social y la visibilidad pública siguen siendo claves para defender un sistema sanitario público, universal y no sometido a intereses privados.