La Fiscalía de Zamora ve indicios de delito en el convenio eólico de Almeida y lo denuncia
Zamora vuelve a colocarse en el centro del debate sobre las energías renovables tras conocerse que la Fiscalía ha denunciado al Ayuntamiento de Almeida de Sayago por el convenio firmado con la empresa Renner Energies para levantar un parque eólico en el Monte de la Cueva.
El origen del caso está en la iniciativa de la Asociación Otra Vez No en Sayago, que solicitó investigar el acuerdo aprobado en pleno el 31 de mayo de 2025, al entender que podría incurrir en un delito de prevaricación.
Tras meses de diligencias, y con fecha 10 de marzo de 2026, la Fiscalía concluye que existen indicios de una “actuación administrativa irregular”, lo que ha motivado el traslado del asunto al juzgado.
Desde la asociación recuerdan que ya durante la tramitación presentaron alegaciones junto a vecinos de la comarca, advirtiendo del riesgo legal del convenio. Un aviso que, subrayan, se apoyaba en el hecho de que el proyecto había sido declarado “nulo de pleno derecho” por el Consejo Consultivo de Castilla y León en un dictamen previo.
A pesar de ello, critican que se haya seguido adelante con un acuerdo que, en su opinión, supone dar “carta blanca a una empresa extranjera” para desarrollar una instalación de fuerte impacto medioambiental en una zona de alto valor natural.
La controversia no se limita a Almeida. El colectivo apunta también a lo ocurrido el 14 de abril en Bermillo de Sayago, donde parte del equipo de gobierno votó en contra de retirar una torre anemométrica de 120 metros vinculada a un antiguo convenio eólico de 2018 que ya no está en vigor.
Según denuncian, esta infraestructura permanece sin contraprestación económica, sin beneficios para la población y sin garantías claras ante posibles daños, lo que deja abiertas posibles responsabilidades.
La asociación insiste en que el actual despliegue de renovables se está realizando sin planificación territorial suficiente ni estudios completos de impacto ambiental, económico y demográfico. A su juicio, se trata de un modelo que favorece a las grandes empresas mientras pone en riesgo el equilibrio del medio rural, al que consideran cada vez más expuesto como “territorio de sacrificio”.