UGT considera una noticia positiva la aprobación de la Ley Celaá en el Congreso

"Es prioridad de FeSP-UGT Enseñanza Zamora aspirar a un sistema educativo inclusivo y solidario que garantice la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, que establezca unas bases mínimas comunes y consensuadas que estabilicen la educación y garanticen la cohesión social en nuestro modelo de Estado" señalan desde el sindicato.

Esta nueva ley educativa revierte los cambios promovidos por la LOMCE, como la organización de itinerarios, evaluación y reválidas, religión, educación en valores, coeducación o escolarización, y RECUPERA LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA GOBERNANZA DE LOS CENTROS. 

Además, incorpora otros planteamientos como el desarrollo sostenible y el medio ambiente, la promoción de la salud en el ámbito educativo, la igualdad de género a través de la coeducación y el respecto a la diversidad afectivosexual, la competencia digital y una mayor personalización del aprendizaje, todo ello reforzando la inclusividad y la equidad. 

La estructura de la LOMLOE, que incluye un artículo único de modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), incorpora novedades que suponen notables mejoras en aspectos fundamentales COMO EL REFUERZO DE LA ESCUELA PÚBLICA COMO EJE VERTEBRADOR DEL
SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL, por ser la que garantiza el acceso de todos al conocimiento en condiciones de igualdad y el mejor modo de corregir las desigualdades de origen. Asimismo, apuesta por la equidad y la igualdad de oportunidades a través de medidas de apoyo al alumnado con necesidades específicas, por la gratuidad y por una política de becas y ayudas al estudio que garantice el derecho a la educación de todo el alumnado.

Otro punto a destacar es la evaluación y promoción del alumnado, donde se recupera la importancia de la evaluación continua y se potencia el papel de los equipos docentes, y donde la repetición se incorpora como una medida excepcional. También se recupera la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en lo relativo a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas.